Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
En un movimiento que busca transformar y modernizar los procedimientos judiciales y administrativos, el gobierno argentino anunció la creación de un nuevo programa destinado a impulsar la utilización de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la justicia. La medida, promovida por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, apunta a mejorar significativamente la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, marcando un antes y un después en la forma en que se administran los procesos judiciales en el país.
La oficialización de esta iniciativa se realizó a través de la Resolución 111/2024, difundida en el Boletín Oficial el 11 de abril. El programa, denominado Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, tiene como objetivo principal la reducción de las brechas sociales en el acceso a la justicia, proponiendo soluciones tecnológicas avanzadas para hacer frente a los desafíos actuales.
Cúneo Libarona, en su declaración, destacó la importancia de adaptarse a los nuevos paradigmas tecnológicos para satisfacer las demandas de la población con mayor eficiencia. Según el ministro, la implementación de la IA en el sistema judicial no solo contribuirá a una mayor transparencia en la prestación de servicios públicos sino que también simplificará y agilizará los procesos, resultando en una mejora palpable en la calidad de la justicia dispuesta a los ciudadanos.
Este programa contará con la guía de un coordinador y un comité consultivo integrado por especialistas en la materia, quienes trabajarán de manera ad honorem. Su labor será crucial para asegurar la implementación efectiva de herramientas de IA que respondan a las necesidades específicas del sistema de justicia, promoviendo un servicio más accesible, rápido y justo para todos.
Así, la decisión de integrar la inteligencia artificial en la justicia refleja un compromiso con la innovación y la mejora continua de los servicios públicos. Al brindar soluciones tecnológicas avanzadas, el Gobierno nacional busca optimizar los tiempos de resolución y gestión de los casos como también facilitar un acceso más equitativo a la justicia, cerrando brechas y superando barreras históricas.
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