Foto: Martín Olivera (Composición/NotiPress)
Una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia Federal solicitó el allanamiento de Carnaval, un canal de streaming que difundió grabaciones atribuidas a Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia. El Gobierno considera que se trata de una operación de inteligencia ilegal con el objetivo de alterar el proceso electoral y señala la existencia de posible injerencia extranjera.
La presentación judicial fue realizada el 1 de septiembre y quedó radicada bajo el expediente CFP 3604/2025 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. El documento fue firmado por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad, y lleva por título: "Denuncia contra la operación de espionaje ilegal e influencia extranjera".
Entre las medidas solicitadas se incluye el allanamiento de la sede de Carnaval y los domicilios particulares de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. También se pidió la incautación de dispositivos electrónicos y documentación que permita identificar a los presuntos responsables de las filtraciones.
Según el escrito, sostienen: "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", en referencia a las grabaciones que involucran a Karina Milei en supuestas conversaciones registradas dentro de la Casa Rosada. La denuncia detalla que la maniobra tuvo como fin "desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera". El documento hace referencia a las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.
Manuel Adorni, el vocero presidencial, resaltó: "los audios fueron manipulados y difundidos para condicionar al Poder Ejecutivo". Entre las figuras señaladas se encuentran, además de los periodistas mencionados, el empresario Pablo Toviggino, el abogado Franco Bindi y la diputada nacional Marcela Pagano, junto a su pareja Bruno Bindi.
Los diez puntos principales del escrito plantean que la difusión de los audios se enmarca en una campaña dirigida a generar caos e interferir en las elecciones. Asimismo, menciona "patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas", sin detallar los elementos probatorios que sustenten esa afirmación.
En respuesta a la denuncia, el canal Carnaval publicó en su perfil de X: "No nos van a callar. Justicia censura a Carnaval", calificando la medida judicial como un acto de censura. Por su parte, el periodista Jorge Rial escribió: "El Gobierno nos acusa de una conspiración internacional" y agregó: "Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna".
Mauro Federico, uno de los periodistas que informó el hecho, también fue citado en la denuncia, la cual señala que cuenta con "cincuenta minutos de audios" de la funcionaria. Hasta el momento, no se informó si el material fue entregado a la Justicia o si forma parte de futuras publicaciones.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitieron un comunicado en donde expresaron su rechazo a los allanamientos: "Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas", publicó en la red social X.
Contenido actualizado el 02-09-2025 16:41
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