Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso dos medidas clave destinadas a facilitar el cumplimiento de obligaciones legales por parte de entidades privadas. Por un lado, estableció una moratoria para la presentación de balances atrasados y documentación contable, y, por otro, derogó el Registro de Entidades Inactivas (REI). Estas medidas impactarán a más de 520.000 organizaciones y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, según confirmaron fuentes oficiales.
Mediante la Resolución General IGJ 3/2025, se eliminó el Registro de Entidades Inactivas (REI), creado en 2010 con la intención de registrar personas jurídicas privadas inactivas. Según el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, "el REI no pudo cumplir con los objetivos perseguidos en su momento, debido a su carácter eminentemente estático, y no reflejaba un panorama fidedigno sobre la real situación de inactividad de las personas jurídicas privadas".
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también había señalado la falta de claridad generada por el REI, al contener entidades registradas como inactivas que realizaban actividades regularmente tanto en el país como en el exterior. Vítolo afirmó que la información confusa afectaba la transparencia y la supervisión de las entidades. A partir del 1 de febrero de 2025, este registro quedará oficialmente derogado.
La Resolución General IGJ 4/2025 establece una moratoria para que las entidades privadas presenten balances atrasados correspondientes a los últimos diez ejercicios anuales cerrados hasta el 31 de agosto de 2024. Podrán acogerse al beneficio sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones civiles y fundaciones, entre otras.
El plazo para regularizar la situación comenzará el 1 de febrero de 2025 y finalizará el 31 de diciembre de 2025. Para ello, las entidades deberán presentar los documentos adeudados y abonar un único formulario de "Presentación fuera de término de estados contables". En el caso de las fundaciones, también deberán incluir el plan trienal de acción correspondiente al período siguiente.
"Esta moratoria es un paso enorme que da el Estado para ayudar a las entidades a que regularicen su situación brindándoles un importante beneficio", destacó el inspector general Vítolo, dando importancia a esta medida. Además, se están gestionando acuerdos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA para establecer aranceles bonificados en la legalización de firmas de contadores que participen en los dictámenes.Desde la entrada en vigencia de la moratoria, se suspenderá el inicio de procedimientos sumariales por incumplimientos relacionados con la falta de presentación de balances. Aquellos procedimientos ya iniciados serán archivados una vez que la entidad cumpla con sus obligaciones según lo dispuesto.