Iglesia católica en Argentina renunció a los fondos provistos por el Estado

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció el 2 de enero de 2024 un cambio significativo en la relación financiera entre el Estado y la Iglesia Católica. De acuerdo con el comunicado de la CEA al que accedió NotiPress, los arzobispos, obispos diocesanos y auxiliares renunciaron oficialmente a los fondos asignados por la ley 21 mil 950. Esta decisión, tomada el último día hábil de diciembre, marcó un paso importante hacia la independencia económica de la Iglesia en Argentina.

La ley 21 mil 950, aprobada en 1979, estipulaba una asignación mensual para los líderes eclesiásticos, equivalente al 80% del salario de un Juez Nacional de primera instancia. Hasta la fecha, esta asignación ascendía a 98 mil pesos. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había previsto en su resolución del 26 de abril de 2023, que aquellos arzobispos y obispos retirados por edad o invalidez podrían solicitar, bajo ciertos requisitos, continuar recibiendo el beneficio.

Por su parte, la renuncia a estos fondos estatales por parte de la CEA es una iniciativa cuyo origen se remonta a 2018, cuando la entidad expresó su intención de desligarse gradualmente de la financiación gubernamental. En julio de 2020, los obispos dieron un paso adicional con la presentación del Programa de Financiamiento Eclesial (FE). Este programa busca fomentar la obtención de donaciones y otros recursos para sostener las actividades pastorales en el país.

A pesar de que el aporte estatal representaba solo el 10% del presupuesto total de la Iglesia, era una contribución significativa, especialmente para las diócesis más desfavorecidas. Con esta decisión, la Iglesia Católica en Argentina se embarca en una nueva era de autonomía financiera, buscando nuevas vías para sostener sus operaciones y proyectos pastorales.