Foto: Gustavo Torres (NotiPress/Composición)
El gobierno de Argentina anunció que cerrará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo descentralizado que se encargaba de elaborar políticas públicas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en el país. La medida forma parte de la política de "achicamiento" del Estado que impulsa el presidente Javier Milei, quien asumió el poder el 10 de diciembre de 2023 tras ganar el con el 56% de los votos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la decisión en su conferencia de prensa matutina. "No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones", expresó Adorni, quien no especificó cómo se realizará el proceso de cierre del INADI ni qué pasará con los 400 empleados que trabajan en el mismo.
El INADI fue creado en 1995, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objeto de aplicar la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, sancionada en 1988 durante el mandato de Raúl Alfonsín. Entre sus funciones, el ente debía recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas, brindar asesoramiento integral y gratuito a las víctimas, diseñar campañas de concientización, proporcionar asesoramiento técnico a la Justicia y realizar capacitaciones a instituciones públicas y privadas.
Sin embargo, fue cuestionado por su falta de eficacia, su uso político y su excesiva burocracia. Según medios locales, muchas de las denuncias que recibía no prosperaban o quedaban en la nada, mientras que otras eran utilizadas para perseguir o estigmatizar a opositores o disidentes. Además, fue utilizado como refugio de militantes y dirigentes afines al gobierno de turno, generando un aumento del gasto público y una pérdida de credibilidad.
El cierre del INADI se suma a otras medidas tomadas por la administración de Milei para reducir la estructura del Estado, como la eliminación de 11 ministerios, la fusión de organismos públicos, la baja de contratos y la revisión de planes sociales. Estas acciones generaron el rechazo de diversos sectores de la oposición, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que acusan al presidente de aplicar un ajuste brutal, de vulnerar derechos y garantías constitucionales y de profundizar la crisis social y económica que atraviesa el país.
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