Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Todos los integrantes de una legislatura provincial deberán someterse a narcotest obligatorios, aleatorios y sorpresivos mientras permanezcan en funciones. Los controles se repetirán al menos cada dos meses y podrán realizarse durante sesiones, comisiones y otras actividades parlamentarias.
La medida fue aprobada en Neuquén, una provincia del sur de Argentina, mediante la resolución 1248, respaldada por 30 votos y rechazada por dos. Ese protocolo permite aplicar dentro de la Cámara la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos.
Sancionada en septiembre de 2025 y reglamentada en febrero de 2026, la norma todavía carecía de procedimientos específicos para los legisladores. Con la nueva resolución, los 35 diputados provinciales quedan incorporados al esquema de controles previsto para quienes ocupan cargos públicos.
La ley alcanza también a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, además de ministros, magistrados, fiscales, intendentes, concejales y responsables de empresas estatales. Su aplicación establece los exámenes toxicológicos como requisito de permanencia para diferentes cargos dentro de la administración provincial.
Cada examen se realizará exclusivamente en el edificio legislativo, con convocatorias inmediatas, personales y reservadas para quienes resulten seleccionados. Cada legislador deberá presentarse cuando sea requerido y tendrá a su cargo el costo correspondiente al examen realizado.
Medicina Laboral de la Legislatura coordinará técnicamente los procedimientos junto con laboratorios o equipos autorizados por la autoridad sanitaria competente. También deberá proteger la privacidad del examinado, documentar cada procedimiento y mantener la cadena de custodia de las muestras obtenidas.
Legislatura de Neuquen
Las pruebas podrán efectuarse mientras funcionen las comisiones parlamentarias y durante sesiones ordinarias, preparatorias o extraordinarias de la Cámara provincial. También podrán desarrollarse durante la actuación de la Comisión Observadora Permanente, por lo que los controles no dependerán exclusivamente del calendario ordinario.
Entre las sustancias contempladas por el procedimiento figuran metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. La normativa general establece una frecuencia mínima anual, mientras el protocolo legislativo eleva esa periodicidad a un control cada dos meses.
Un resultado positivo obtenido mediante el test rápido deberá ser sometido posteriormente a un análisis confirmatorio realizado por un laboratorio habilitado. Ese segundo examen forma parte del procedimiento establecido antes de determinar el resultado definitivo del control toxicológico correspondiente.
La convocatoria también deberá informar al legislador sobre sus derechos, obligaciones y consecuencias legales relacionadas con el cumplimiento del examen obligatorio. Quienes consuman medicamentos recetados capaces de modificar los resultados podrán comunicar esa situación de manera reservada durante el procedimiento.
Negarse sin una justificación válida a realizar el narcotest tiene una consecuencia específica dentro de la legislación provincial vigente. Esa negativa será considerada equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo público ocupado.