López Obrador comentó que el sistema de salud en México se encuentra abandonado y desatendido antes de reafirmar la decisión de sustituir Seguro Popular
Según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), promover un sistema de salud óptimo en México necesitaría el equivalente al 6% del PIB, cifra que actualmente se encuentra en apenas 2.5 por ciento. Asimismo, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto el presupuesto enviado al sector salud bajó de 580 mil millones de pesos en 2012 a 569 mil millones para 2018, alrededor del 2 por ciento, de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria.
De esta manera, en 2017 el 82.2% de la población mexicana estaba afiliada a servicios públicos de salud, pero según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 56.7% de los mexicanos reportó deficiencias en el sistema de salud, las cuales obligaron a gran parte de la población a incursionar en el sector privado de salud.
Ante esta problemática, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, se liberará en 2020 un presupuesto de 40 mil millones de pesos para el sector salud tomado del fondo del Seguro Popular que, según el mandatario, resulta ineficiente y corrupto. Igualmente, en abril de 2019 se anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar como sustituto del Seguro Popular con el fin de universalizar la atención médica y hospitalaria.
Con la creación del nuevo instituto, AMLO tiene como objetivo mejorar la atención de la población pues comentó, "nos dejaron tirado el sistema de salud y se dedicaron a robar en el sector". En la conferencia del 7 de agosto de 2019, López Obrador aseveró "está peor el sistema de salud que el sistema educativo, aunque parezca increíble" y luego lo calificó de abandonado y desatendido por las administraciones pasadas.
En el Proyecto de Nación 2018-2024 presentado por AMLO, como parte de sus promesas durante su gestión, ofreció la "universalización, que garantice la igualdad en el acceso", y aumentar el financiamiento público en salud a por lo menos 1% PIB.
Los problemas del sistema de salud pública no son nuevos y son complejos. Estos se relacionan con un diseño fragmentado y sin articulación que conlleva a una calidad desigual de los servicios de salud proporcionados a la población, aun tratándose de un derecho velado por la Constitución Nacional.
Dentro del sistema, el servicio funciona de forma separada y con calidades distintas: los servicios de las Fuerzas Armadas (SEDENA) o de Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo aseguran a trabajadores activos y jubilados que hayan prestado servicio en cualquiera de las dos dependencias respectivamente; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asegura trabajadores del sector privado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encarga de asegurar a trabajadores del Estado. También existe el Seguro Popular, donde los servicios son deficientes y son solicitados por una alta proporción de la población debido al bajo porcentaje de trabajo formal que hace imposible su incorporación a las instituciones de salud antes mencionadas.
La cuarta transformación y sus recortes podrían afectar también a la salud pública, por ejemplo, si se desmantela Seguro Popular sin antes implementar uno nuevo, se pondría en una situación de vulnerabilidad a las personas con menos recursos, quienes representan más del 52% de la población ocupada sin contar con seguridad social (52% mexicanos labora en la informalidad, datos del cuarto trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo).
El diagnóstico del mandatario es acertado puesto que el sistema actual y su funcionamiento no ofrece una equitativa distribución del bienestar social al tener un sistema de salud subdividido. Corregir esto es esencial, puesto que es un derecho explícito en la Constitución para todos l