Corte Constitucional decidirá en marzo sobre demandas contra la reforma pensional de Petro, que enfrenta 12 acciones por presunta inconstitucionalidad
Las demandas contra la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro avanzan en la Corte Constitucional. La norma, sancionada como Ley de la República en julio de 2024, está programada para entrar en vigor el 1 de julio de 2025.
Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de la Corte Constitucional, anunció que el fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, podría conocerse a mediados de marzo de 2025.
En declaraciones a La FM, Ibáñez afirmó: "Se resolvió que la recusación era impertinente. Resuelto como se resolvió el tema, y notificada la decisión el pasado lunes, ahora, como lo estoy haciendo esta semana, es radicar la ponencia para que la Sala Plena empiece a abordar su estudio". Además, explicó que el fallo se espera en un plazo aproximado de un mes: "Calculo que, en tres o cuatro semanas, la Sala Plena esté adoptando una decisión de mérito".
Respecto al proceso, Ibáñez aclaró que la decisión será colectiva: "Ellos, o sea los demás magistrados, tendrán su oportunidad de presentar sus alternativas de decisión. Al fin y al cabo, la decisión es de la Sala Plena y no del ponente".
Días antes, la Corte Constitucional permitió que el magistrado Vladimir Fernández continuara participando en el proceso, tras rechazar una recusación interpuesta por la senadora Valencia. La congresista había solicitado apartarlo, argumentando un presunto conflicto de intereses debido a su rol como asesor jurídico en la Presidencia de la República en agosto de 2022, cuando se radicó el proyecto de reforma.
En su fallo, el alto tribunal declaró que la recusación fue "extemporánea y carente de fundamento suficiente", según el pronunciamiento oficial. Además, la Corte indicó: "La ciudadana Valencia Laserna no acompañó con la demanda el escrito de recusación por el presunto hecho que pudo haber ocurrido antes de la presentación de la misma".
También enfatizaron desde el tribunal que el recurso carecía de pruebas suficientes y no se basaba en hechos posteriores a la demanda: "Tampoco formula la recusación por la ocurrencia de un hecho que se haya podido presentar con posterioridad a su radicación", precisó la sentencia.
Actualmente, la Corte Constitucional tiene en estudio 12 demandas de inconstitucionalidad contra la reforma pensional. La más reciente fue presentada el 29 de enero de 2025 por el concejal bogotano Marco Acosta y el abogado David Gerardo Cote.
En su demanda, los accionantes señalaron presuntas irregularidades en el trámite legislativo, argumentando que se violó el artículo 157 de la Constitución, que exige el debido debate en cada cámara del Congreso. Según explicaron: "La plenaria de la Cámara aprobó directamente el texto del Senado, lo que constituye una clara elusión del debate legislativo".
Además, destacaron la importancia de respetar los procesos democráticos: "No podemos permitir que normas de esta magnitud se aprueben sin el debido debate en el Congreso", afirmaron Acosta y Cote.
La resolución de la Corte Constitucional podría influir en la implementación de la reforma pensional, prevista para el 1 de julio de 2025. Si se confirman las irregularidades alegadas, la norma podría ser anulada total o parcialmente.