ASF auditará al 100% de municipios y universidades del Estado de México para fortalecer la transparencia y vigilar el uso de recursos federales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que realizará auditorías al 100% de los municipios y universidades públicas del Estado de México, con el propósito de asegurar la correcta aplicación de los recursos federales y fortalecer la rendición de cuentas. El titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, informó esta decisión durante su participación en el seminario Fiscalización: Avances y retos en el Estado de México.
Colmenares destacó que este esfuerzo se sustenta en un enfoque multidisciplinario que ahora incorpora economistas y especialistas en tecnología para ampliar las capacidades técnicas de la fiscalización. "Cada peso mal ejercido es una obra menos para los más pobres", declaró el auditor ante los asistentes.
Desde 2015, la ASF cuenta con facultades exclusivas para revisar todos los recursos de origen federal, excepto aquellos que requieren el apoyo de auditorías estatales. El funcionario subrayó, aunque la fiscalización resulta más compleja en entidades con un alto número de municipios —como Puebla, que cuenta con 570—, no es una tarea imposible.
El evento también abordó el contexto universitario actual, con llamados a garantizar condiciones de legitimidad en las instituciones educativas. Diversos docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) firmaron un documento en el que manifestaron su respaldo a los estudiantes en paro. En este texto, exigieron convertir las declaraciones institucionales en medidas tangibles: "La atención a los pliegos petitorios debe traducirse en acciones, no quedarse en declaraciones sin seguimiento".
Tal documento fue suscrito por académicos de varias facultades, como Artes, Geografía, Arquitectura y Diseño, Humanidades, y Ciencias Políticas y Sociales, así como de los centros universitarios Tenancingo y Valle de México, además de la Preparatoria Ángel María Garibay. En él, también solicitaron protocolos de negociación claros y participativos, y rechazaron la criminalización de los espacios en protesta. "Mientras no existan condiciones reales de legitimidad, cualquier elección de titular de Rectoría será percibida como ilegítima", concluye el comunicado firmado por el personal académico.