Gustavo Petro cuestionó los límites legales tras el fallo que devolvió a privados EPS Sanitas, con reservas incompletas y patrimonio negativo
La anulación de la intervención estatal sobre EPS Sanitas dejó al Gobierno sin herramientas inmediatas para actuar ante aseguradoras en crisis financiera. A raíz del fallo de la Corte Constitucional, que invalidó el procedimiento aplicado en abril de 2024, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre el riesgo de dejar en manos privadas entidades con capacidad limitada para garantizar servicios de salud.
De acuerdo con el informe técnico "¿Por qué EPS Sanitas fue intervenida en abril 2024?", la EPS operaba al cierre de 2023 con un descalce de reservas técnicas por $1,2 billones y un patrimonio técnico negativo de $355.378 millones. Solo contaba con el 39% del respaldo exigido legalmente para atender obligaciones ya adquiridas con prestadores y afiliados.
"La aseguradora estaba profundamente deteriorada antes de la intervención", afirmó Petro desde su cuenta oficial en X. También dijo que "el objeto de una intervención administrativa no es pagarle las deudas al propietario privado, es mantener la seguridad del tratamiento de los afiliados". Según su declaración, la medida buscaba preservar la atención de más de 4 millones de usuarios, y no intervenir en la propiedad empresarial.
El fallo de la Corte se basó en vicios de procedimiento, sin desestimar los argumentos técnicos expuestos por la Superintendencia Nacional de Salud. En ese sentido, el mandatario señaló que la decisión judicial dejó sin respuesta la pregunta de fondo: cómo actuar ante entidades que, sin respaldo financiero suficiente, continúan administrando servicios esenciales de salud.
Por su parte, el Grupo Keralty, propietario de Sanitas, calificó la intervención como arbitraria desde su inicio. Con el fallo a su favor, el abogado Juan David Riveros aseguró que la sentencia "puede constituirse en un parámetro de interpretación para otras situaciones semejantes".
Tras la restitución del control a los operadores privados, Petro pidió que no se traslade la carga del déficit a los trabajadores de la entidad. "Espero no los despida y estos se organicen", escribió. También instó a Keralty a inyectar los recursos faltantes: "Espero que el propietario de Colsanitas allegue estos recursos a la EPS en su poder para asegurar de verdad a sus afiliados".
Asimismo, el documento técnico descarta que el déficit pueda explicarse por insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según los autores, el descalce en reservas técnicas era veinte veces mayor al impacto total de una reducción promedio en ingresos operativos.
Aunque el fallo se limitó al caso Sanitas, sus efectos podrían extenderse a otras EPS en situación crítica. La restitución del control, pese al déficit financiero probado, dejó en evidencia que el Ejecutivo no cuenta con instrumentos legales suficientes para intervenir con rapidez ante amenazas operativas. Sin reformas que fortalezcan el marco de acción estatal, el sistema de salud podría enfrentar nuevos episodios de deterioro sin capacidad institucional para responder a tiempo.