La presidenta firmará una iniciativa para modificar el artículo 73 constitucional y homogeneizar penas penales, incluyendo extorsión y otros delitos graves
Durante la conferencia matutina del 8 de julio del 2025, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó una iniciativa clave que será enviada al Congreso de la Unión. Esta propuesta busca reformar el artículo 73 de la Constitución Mexicana con el objetivo de homogeneizar las penas penales en el país. La reforma se enfocará en establecer un marco legal más consistente, especialmente para delitos graves como secuestro, desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, y otros actos de crueldad inhumana.
Ernestina Godoy Ramos explicó la importancia de esta reforma: "Para que podamos tener una ley así y que de una vez por todas se establezca una ley en la que con claridad y contundencia, quien se establezca que quien es la víctima es el Estado". Este enfoque tiene como fin fortalecer la persecución de delitos de oficio, especialmente la extorsión, lo que permitirá una respuesta inmediata del Estado, sin depender exclusivamente de la denuncia de las víctimas.
Además de la modificación constitucional, la reforma incluye la creación de un tipo penal único y la definición de sanciones claras para estos crímenes. Godoy Ramos destacó: "Se establecerá un marco normativo bajo el cual la extorsión, junto con otros delitos graves, será perseguida de oficio, lo que significa que el Estado se asume como víctima".
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta propuesta, destacando la importancia de un sistema de justicia unificado. "Es esencial que todas las entidades federativas trabajen bajo las mismas directrices para combatir estos crímenes de manera efectiva". Sheinbaum subrayó que esta reforma es un paso clave para enfrentar delitos graves como la extorsión y garantizar la justicia en todo el territorio nacional.
Además, la presidenta afirmó: "Este paso nos permitirá seguir avanzando en la creación de un marco jurídico claro y firme para enfrentar los crímenes más graves del país". Esta reforma, junto con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, proporcionará a las autoridades las herramientas para coordinar esfuerzos de seguridad y garantizar protección para las víctimas.
Igualmente, la propuesta busca una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el fin de garantizar la investigación y la sanción de delitos graves de manera efectiva. La reforma también resalta la importancia de proteger a testigos y ofendidos, así como garantizar que los procedimientos legales sean más accesibles y rápidos.
Con esta modificación constitucional, el gobierno federal aspira a tener un sistema penal más unificado y eficiente, lo cual permita una respuesta rápida ante delitos graves como la extorsión, la trata de personas y otros crímenes los cuales afectan a la seguridad de los ciudadanos. Esta reforma tiene como objetivo asegurar que las sanciones sean aplicadas de manera coherente en todo el país, promoviendo así la justicia y reduciendo la impunidad.