Estados Unidos anuló una orden vigente desde los noventa y restringió beneficios federales, eliminando exenciones firmadas por Janet Reno en 1996
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó sin efecto una orden firmada en los años noventa durante la administración del expresidente Bill Clinton. Esta decisión se anunció tras la publicación de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, relacionada con la administración de beneficios públicos. La fiscal general Pamela Bondi formalizó la medida, eliminando así exenciones que permitían a personas sin estatus migratorio acceder a ciertos programas federales.
Aquel marco formativo fue adoptado en paralelo a la promulgación, en 1996, de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA). Esta normativa restringe el acceso a beneficios públicos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y extranjeros con situación migratoria regular. A pesar de ese marco legislativo, el Departamento de Justicia adoptó una interpretación más flexible, autorizando algunas excepciones mediante una orden firmada por la entonces fiscal Janet Reno.
Esa política permaneció activa durante casi tres décadas, hasta que la administración actual decidió revertirla. Según el comunicado oficial, la orden emitida por Bondi "declina expresamente eximir a cualquier programa de los requisitos de PRWORA", con lo cual se anulan disposiciones anteriores y se aplica sin excepciones el criterio restrictivo definido por el Congreso.
Así, el propósito declarado de la nueva medida es alinear la política migratoria con los parámetros legales vigentes. En palabras de la fiscal Bondi: "Las administraciones anteriores actuaron durante décadas para socavar los principios y limitaciones dispuestos por el Congreso a través de PRWORA—ya no más". Además, indicó que esta acción permitirá "preservar los beneficios públicos para ciudadanos estadounidenses, respaldar el estado de derecho y evitar el desperdicio de recursos del contribuyente".
La Casa Blanca respaldó esta modificación, la cual se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo para restringir el uso de fondos federales en programas los cuales incluían beneficiarios fuera del marco migratorio regular. No se detallaron los programas específicos que quedarán sujetos a revisión, aunque se estableció que no se otorgarán exenciones automáticas bajo esta directiva.
Este cambio entra en vigor de manera inmediata y afecta únicamente a programas federales. Las competencias estatales o locales no fueron mencionadas en el anuncio. El objetivo central, según las declaraciones disponibles, es eliminar interpretaciones administrativas que extendían beneficios públicos a personas sin estatus legal en el país.
Durante la administración de Janet Reno, la interpretación de PRWORA permitió ciertas flexibilidades en su aplicación. Con esta nueva medida, esas excepciones quedan oficialmente canceladas por instrucción de la fiscalía federal. La directriz apunta a establecer una aplicación uniforme del marco legislativo original aprobado por el Congreso.