Milei anticipó que vetará proyectos con respaldo de todos los gobernadores, incluso si el Congreso los aprueba, excluyendo propuestas ajenas al oficialismo
Con firmeza, el Gobierno argentino confirmó que vetará los proyectos sobre distribución de recursos promovidos por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, pese al respaldo legislativo alcanzado por esas iniciativas. La decisión se mantiene firme, incluso tras la sugerencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien recomendó públicamente no vetarlas.
Así, esa propuesta busca modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del impuesto a los combustibles. Ambos temas generaron un inédito acuerdo entre las provincias, interesadas en mejorar su participación en la asignación de fondos. Desde la Casa Rosada aseguraron que no se avalarán normas que no surjan del núcleo oficialista.
Publicaciones compartidas por el presidente en redes sociales calificaron de "grave error" el impulso legislativo de una iniciativa con similitudes a la Ley de Coparticipación Federal. Ese gesto disipó las expectativas sobre una posible aceptación desde el Ejecutivo.
Esta posición oficial reafirma la línea adoptada desde el inicio de la administración: solo se respaldarán leyes promovidas desde su espacio político. En este caso, la decisión se extiende incluso a propuestas respaldadas por sectores opositores y oficialistas en distintas provincias.
A pesar de su viabilidad parlamentaria, el proyecto no fue presentado por el Ejecutivo ni forma parte de su agenda legislativa. La respuesta oficial no dejó lugar a interpretaciones: no se considera su implementación ni se prevé abrir un canal para debatirlo dentro del Ejecutivo.
El Ejecutivo sostiene su negativa a aceptar la propuesta, y por el momento no contempla abrir una instancia de diálogo legislativo ni revisar el contenido impulsado desde las administraciones provinciales. De acuerdo con las declaraciones recogidas, el presidente utilizará la facultad constitucional de vetar leyes sancionadas por el Congreso argentino, en caso de que las iniciativas provinciales logren aprobación parlamentaria.