Estados Unidos expresó preocupación tras el fallo contra Álvaro Uribe, en un contexto que evoca antecedentes similares vividos por Jair Bolsonaro en Brasil
El respaldo emitido por Estados Unidos tras la condena penal contra Álvaro Uribe generó un nuevo procedente con respecto al proceso judicial del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Ambas figuras, líderes conservadores con fuerte apoyo social, enfrentan procesos por delitos cometidos durante su actividad política y recibieron respaldo de autoridades estadounidenses, particularmente del gobierno de Donald Trump.
La jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá declaró el 28 de julio la existencia del delito de soborno en actuación penal dentro del proceso contra el expresidente colombiano. La investigación, iniciada en 2012, concluyó que el abogado de Uribe, Diego Cadena, contactó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para inducirlo a cambiar su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia.
Minutos después de que se declarara la sentencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, salió en defensa de Uribe. "El único delito del expresidente colombiano Uribe fue luchar incansablemente y defender su patria", afirmó Rubio. Además, agregó que la decisión judicial "ha sentado un precedente preocupante".
Durante la audiencia, la jueza Heredia explicó que las pruebas presentadas incluían interceptaciones telefónicas y videograbaciones obtenidas en la cárcel La Picota. Monsalve utilizó un reloj espía para registrar los intentos de influir en su declaración. "Estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe", sostuvo la magistrada.
Monsalve, quien pertenece al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y es hijo de un antiguo administrador de la finca Guacharacas, afirmó que ese predio, propiedad de la familia Uribe, fue base de operaciones de ese grupo armado. Según su testimonio, en dicha finca se planearon acciones violentas por parte de escuadrones paramilitares.
El proceso judicial se originó cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema no encontró méritos para investigar a Cepeda y, en cambio, abrió una causa contra el expresidente. Las pruebas recopiladas durante el juicio, entre ellas conversaciones telefónicas y grabaciones en video, fueron aceptadas por el juzgado como legalmente obtenidas.
La jueza sostuvo que "es ostensible que el acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve" para que modificara su versión ante la justicia. Sin embargo, hasta el momento, no se determinó si Uribe es penalmente responsable en calidad de determinador del delito.
De todas formas, el delito, el proceso judicial y el contexto en el que se da la acusación, marca un paralelismo casi exacto con el caso de Jair Bolsonaro en Brasil y, en menor medida, con el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Sus condenas marcan un hecho sin precedente en sus respectivos países lo cual recalienta el entorno político en sociedades cada vez más divididas.