La Corte Suprema de Brasil ordenó prisión domiciliaria a Bolsonaro tras violar restricciones en la investigación por intento de golpe de Estado en 2023
La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro por violar medidas cautelares impuestas en el contexto de la investigación sobre su presunta participación en un intento de golpe de Estado. La decisión, firmada por el ministro del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, intensificó las tensiones institucionales en el país y generó reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional.
El 3 de agosto, Bolsonaro participó mediante videollamada en una manifestación en Copacabana, Río de Janeiro, lo que fue considerado por la Corte como una infracción directa a las restricciones impuestas previamente. "Actuando ilegalmente, el acusado Jair Messias Bolsonaro se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, Río de Janeiro, produciendo intencional y conscientemente material prefabricado para que sus partidarios continuaran sus intentos de coaccionar al Supremo Tribunal Federal y obstruir la justicia. La llamada telefónica con su hijo, Flávio Nantes Bolsonaro, fue publicada en Instagram", detalló De Moraes en su resolución.
Las medidas impuestas también prohíben que el exmandatario reciba visitas, salvo las previamente autorizadas por el tribunal, y le impiden el uso de teléfonos celulares de forma directa o por terceros. Además, la Policía Federal realizó un operativo en su residencia para incautar dispositivos electrónicos. El organismo confirmó el lunes 4 de agosto que cumplió con la orden judicial.
Dicha investigación acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023. Según la Fiscalía, habría discutido con ministros y oficiales militares sobre posibles acciones para anular los resultados electorales y se lo vincula con los ataques contra las sedes de los tres poderes en Brasilia ocurridos el 8 de enero de ese año.
Ante las medidas tomadas por la Justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó preocupación. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró en redes sociales: "El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!".
Las sanciones estadounidenses se enmarcan en la Ley Magnitsky e incluyen la cancelación de visas y el congelamiento de bienes de magistrados brasileños, entre ellos De Moraes. Además, se impuso un arancel del 50% a productos brasileños, cuya eliminación se condiciona al cese de los procesos contra Bolsonaro.
En Brasil, el senador Flávio Bolsonaro recogió el guante rápidamente calificando la medida como "cobarde" e "inmoral" y pidió al Senado que inicie un proceso de destitución contra el juez. "No tiene condiciones de seguir en el cargo", declaró en CNN Brasil, aludiendo a un "gran desgaste institucional". Eduardo Bolsonaro, diputado federal, afirmó que se trató de un "abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición".
Mientras tanto, los seguidores del expresidente intensificaron sus movilizaciones, reclamando una amnistía para los acusados por el asalto a las instituciones de enero de 2023. También, respaldaron las sanciones aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra el Supremo brasileño.