Municipios del Estado de México omiten obligaciones legales con sistemas anticorrupción, advierte el Comité de Participación Ciudadana estatal
Al menos 71 ayuntamientos del Estado de México incumplen funciones legales con los Sistemas Municipales Anticorrupción, impidiendo su operación plena, según denunció Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) estatal. La omisión incluye falta de contratos, adeudos de pagos y bloqueo al acceso de información pública.
De acuerdo con la funcionaria, estos sistemas están formalmente instalados y catalogados en semáforo verde, pero carecen de las condiciones mínimas para funcionar. Las responsabilidades recaen directamente en los cabildos municipales, quienes deben garantizar presupuesto, acceso a dependencias y sesiones de trabajo coordinadas.
La presidenta del CPC puntualizó que el 60% de los sistemas enfrenta trabas operativas, mientras que solo el 40% funciona con normalidad. Además, los comités coordinadores municipales no realizan las sesiones obligatorias, donde deben participar las unidades de Transparencia, Contraloría Interna y el CPC local.
En siete municipios —Aculco, Chalco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Morelos, Polotitlán y Santo Tomás— los sistemas están totalmente desinstalados por falta de personal activo. En todos los casos, la causa principal fue la omisión de contratos o el retraso de pagos por hasta ocho meses, lo que derivó en renuncias.
La ley establece que, ante renuncias, los ayuntamientos están obligados a iniciar nuevos procesos de selección, ya que los exintegrantes no pueden ser reelegidos. Además, si existían contratos, deben cubrir los adeudos pendientes.
Hernández Flores subrayó que los presidentes municipales y sus cabildos podrían ser sancionados administrativamente por estas omisiones en la lucha contra la corrupción. El CPC dará vista a las autoridades correspondientes para que se investigue cada caso.
No obstante, destacó ejemplos de municipios que operan con regularidad, a pesar de limitaciones presupuestales. San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán mantienen activos sus comités y cumplen con las obligaciones del sistema.
Aunque existen avances en la colaboración interinstitucional, Hernández Flores alertó sobre problemáticas persistentes: desconfianza ciudadana, escasa denuncia por temor, y la falta de profesionalización del servicio público, que perpetúa prácticas discrecionales en la administración local.