Médicos sin licencia y documentos dudosos alimentan un mercado creciente de exenciones para evitar vacunas escolares en Estados Unidos
Una organización llamada Frontline Health Advocates ofrece exenciones médicas para evitar vacunas obligatorias en escuelas, trabajos y procesos migratorios en Estados Unidos. Por 495 dólares, familias pueden obtener un documento firmado por supuestos profesionales de salud que alegan razones médicas para no cumplir con los requisitos estatales de inmunización. En estados donde las exenciones religiosas o personales fueron eliminadas, como Nueva York y California, esta alternativa genera preocupación entre autoridades y expertos.
Desde marzo de 2022, Frontline funciona como una Asociación Ministerial Privada, afirmando operar "fuera de la jurisdicción de entidades gubernamentales", según sus propios documentos. En 2024, la organización fue contactada por familias de Nueva York y Connecticut que buscaban evitar vacunas infantiles necesarias para asistir a la escuela. A cambio del pago, recibieron certificados los cuales citaban problemas de salud y mencionaban protecciones legales federales. Según reveló Ars Technica en un reportaje exclusivo publicado en Undark, la organización afirma que sus exenciones están respaldadas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Uno de los médicos más mencionados en estos procesos es Andrew Zywiec. Los adres con certificados firmados por él, asumieron que tenía licencia médica estatal, pero los registros oficiales no muestran autorizaciones médicas activas a su nombre en Nueva York. Además, el sello del Departamento de Justicia en los documentos llevó a interpretaciones erróneas sobre su validez legal. En una carta dirigida a una madre del norte del estado, un distrito escolar rechazó la exención al comprobar que el firmante no era un médico autorizado localmente.
Crecen también las dudas sobre la abogada Christine Pazzula, cuyo nombre figura en las exenciones. Su título fue obtenido en una escuela por correspondencia no acreditada en California, y no figura como abogada activa en los colegios de Nueva York, Texas ni Nevada. Consultada por Undark, Pazzula respondió por correo que ya no colabora con Frontline.
Las autoridades sanitarias emitieron advertencias sobre estas prácticas. En Los Ángeles, el departamento de salud aclaró en su sitio que las exenciones emitidas por Frontline no son válidas en California. En Connecticut, el Consejo Asesor de Enfermeras Escolares calificó los documentos como fraudulentos y el Departamento de Salud Pública confirmó una investigación en curso.
Especialistas en derecho sanitario cuestionaron la eficacia de invocar la ADA frente a leyes estatales de vacunación. Barbara Hoffman, profesora en la Facultad de Derecho de Rutgers, revisó una de las cartas: "Esto parece un documento oficial", dijo, y advirtió que podría "intimidar a alguien que no lo sabe bien o simplemente no quiere arriesgarse a un posible litigio".
Mientras tanto, el mercado informal de exenciones continúa creciendo, alimentado por anuncios en buscadores y redes sociales dirigidas a padres preocupados. Frente a un sistema fragmentado, la tensión entre leyes estatales y estrategias privadas mantiene abierta la controversia.