Millones en tarifas aduaneras están en juego mientras la Corte Suprema analiza los límites del poder presidencial en comercio exterior
Una mayoría de jueces conservadores en la Corte Suprema de Estados Unidos planteó serias dudas sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, durante una audiencia celebrada esta semana. El caso, considerado uno de los más relevantes en materia económica de los últimos años, podría redefinir los límites del poder presidencial en el comercio internacional.
La discusión se centra en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), promulgada en 1977. Trump utilizó esta norma para aplicar aranceles del 10% al 50% sobre productos provenientes de múltiples países, justificando su decisión en amenazas como el tráfico de drogas y los desequilibrios comerciales. Los opositores alegan que estos argumentos constituyen un uso desproporcionado de una facultad presidencial reservada para emergencias reales.
Durante la sesión de más de dos horas y media, los jueces conservadores manifestaron preocupaciones sobre la interpretación de la ley. El presidente del tribunal, John Roberts, declaró: "La justificación se está utilizando para tener el poder de imponer aranceles a cualquier producto de cualquier país, en cualquier cantidad y durante cualquier período de tiempo".
La jueza Amy Coney Barrett cuestionó si existía respaldo histórico para esa lectura legal. "¿Puede usted señalar algún otro lugar del código —o algún otro momento de la historia— donde esa frase se haya utilizado para conferir autoridad para imponer aranceles?", preguntó al procurador general John Sauer, representante del gobierno.
Sauer defendió la postura oficial argumentando que los aranceles son una forma legítima de regulación, no un impuesto. "No me cansaré de repetirlo: es una tarifa regulatoria, no un impuesto", afirmó. No obstante, varios jueces insistieron en la diferencia conceptual y legal entre ambas figuras. La jueza Sonia Sotomayor expresó: "Ustedes quieren decir que los aranceles no son impuestos, pero eso es exactamente lo que son".
Con implicaciones económicas significativas, el caso captó la atención de la Corte por el volumen de aranceles en disputa. Según datos del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, los aranceles impugnados generaron casi 90 mil millones de dólares en ingresos. Durante la audiencia, la jueza Barrett sugirió que reembolsar estos montos podría ser complejo. En un intercambio con el abogado Neil Katyal, representante de pequeñas empresas afectadas, preguntó si el proceso sería "un completo desastre", a lo que Katyal respondió: "Es difícil, absolutamente, no lo negamos".
Otros jueces, como Neil Gorsuch, expresaron inquietud sobre una posible delegación excesiva de poderes por parte del Congreso. "¿Qué impediría al Congreso simplemente abdicar de toda responsabilidad en la regulación del comercio exterior?", planteó durante su intervención.
Los antecedentes invocados por la defensa incluyeron los aranceles impuestos por Richard Nixon en 1971, aunque la Corte Suprema nunca avaló directamente esa interpretación. Además, el caso actual representa la primera vez que se emplea la IEEPA para imponer aranceles de alcance global.
Este fallo podría tener implicaciones inmediatas en la política comercial de Estados Unidos y en la capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones unilaterales en materia económica. Si la Corte respalda la legalidad de los aranceles, se anularán decisiones de tribunales inferiores que ya se pronunciaron en contra. De lo contrario, se abriría la puerta a reclamos de reembolso por parte de miles de empresas afectadas.