Pedro Castillo fue condenado a 11 años por rebelión tras su intento de cerrar el Congreso. Su mandato, aunque breve, estuvo marcado por inestabilidad y corrupción
La Corte Suprema de Perú condenó este jueves 27 de noviembre al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por conspiración para la rebelión, tras su intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. El fallo fue emitido luego de que la Fiscalía calificara el acto como un quiebre del orden constitucional. Castillo fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por los cuales la Fiscalía había solicitado una pena total de 34 años.
Así se cierra uno de los mayores escándalos políticos que vivió el país sudamericano. Castillo pasó a la historia no solo como uno de los presidentes más efímeros, sino también como uno de los gobiernos más lamentables del país.
Maestro rural y dirigente sindical, Castillo alcanzó notoriedad nacional tras liderar una huelga docente en 2017. Su candidatura presidencial fue oficializada en octubre de 2020 por el partido Perú Libre. En segunda vuelta, obtuvo el 50.125% de los votos derrotando a Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori. Su victoria generó expectativas por ser el primer presidente sin vínculos con las élites económicas o políticas tradicionales.
Durante su campaña, Castillo propuso una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1993, mayor participación estatal en la economía, y una revolución educativa. También declaró que desactivaría el Tribunal Constitucional si este bloqueaba reformas, y propuso limitar importaciones de productos nacionales, lo que generó severas críticas.
Sin embargo, ya en los primeros meses, el mandato de Castillo comenzó a mostrar flaqueza. El primer año se caracterizó por una alta rotación en su gabinete con más de 60 cambios, lo que generó parálisis institucional. Enfrentó dos intentos de vacancia antes del autogolpe. Renuncias de ministros, denuncias por corrupción, y tensiones con el Congreso marcaron su gestión. En 2022, su popularidad cayó, y un sondeo de Datum mostró una desaprobación del 59%.
Castillo también mantuvo una tensa relación con la prensa. Durante su presidencia, evitó entrevistas extensas y restringió el acceso de los medios a eventos oficiales. En agosto de 2021, una periodista de TV Perú fue retirada con violencia al intentar obtener declaraciones, hecho que motivó un pronunciamiento del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Para agosto de 2022, se reportaron 237 escándalos en su primer año de gestión, uno cada 36 horas en promedio, según el diario El Comercio. Estos incluyeron investigaciones fiscales, cuestionamientos a nombramientos ministeriales, y denuncias por corrupción en casos como Puente Tarata, PetroPerú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
La presión que enfrentaba hizo que el 7 de diciembre de 2022 tomará la decisión de proclamar un autogolpe de Estado, exigiendo el cierre del Congreso que se encontraba solicitando una tercera moción de vacancia contra Castillo. El expresidente solicitó la instalación de un "gobierno de excepción", pero el Congreso terminó aprobando su destitución. Todo su gabinete renunció y ese mismo día Castillo fue detenido por la policía cuando abandonaba el Palacio de Gobierno rumbo a la embajada de México, acompañado por su familia. Desde entonces, Castillo se encontraba bajo prisión preventiva en una cárcel para exmandatarios, donde enfrentó el juicio iniciado el 4 de marzo de 2025.
Durante el proceso judicial, se presentaron testimonios de exfuncionarios, mandos policiales y miembros de su escolta. En su declaración final, Castillo sostuvo: "No he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia". El exmandatario había iniciado una huelga de hambre el 10 de marzo, la cual concluyó tres días después, tras ser hospitalizado.
En paralelo, exministros como Betssy Chávez y Willy Huerta también recibieron condenas. Chávez se encuentra actualmente asilada en la embajada de México, lo cual ha provocado el quiebre de las relaciones entre ambos países. Además, esta semana, el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción, sumándose a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala como expresidentes en prisión.