La Cámara de Diputados avala la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales entre críticas de oposición y ajustes de último momento
En una sesión marcada por el cambio inesperado del orden del día y el rechazo opositor, la Cámara de Diputados aprobó la polémica nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales propuestas por el Ejecutivo federal. Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, el pleno avaló en lo general el dictamen que restringe la transferencia de concesiones privadas y refuerza el control estatal sobre el recurso hídrico.
El dictamen fue aprobado el 3 de diciembre en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y turnado de forma inmediata al pleno, con la dispensa de trámites y el respaldo de Morena, PT y PVEM. Durante la madrugada del jueves, la discusión continuaría en lo particular, con 154 oradores inscritos y 529 artículos reservados. Se advirtió que sólo se aceptarían modificaciones propuestas por los partidos aliados del gobierno.
Desde el Palacio Legislativo, cercado por tractores tras una movilización de productores agrícolas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, declaró: "El tema de los ganaderos, que querían no se les excluyera de la concesión del agua y pudiera compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto en el dictamen; (…) las herencias de las propiedades y del volumen de las concesiones, todo eso está resuelto".
El artículo 22 de la ley, uno de los puntos más cuestionados, establece que "los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión". Además, precisa que la reasignación de volúmenes de agua requerirá un análisis previo y autorización de la autoridad del agua.
Durante la conferencia matutina del 4 de diciembre, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, afirmó que la legislación representa "un cambio estructural en la gestión del recurso hídrico del país". Morales sostuvo que se busca "poner fin a la mercantilización del agua y garantizar que su distribución se realice con transparencia y en beneficio de las comunidades".
La reforma también contempla la creación de un Registro Nacional del Agua, la eliminación del "mercado negro" de concesiones, el reconocimiento del agua como derecho humano y sanciones más severas para el uso indebido del recurso, incluyendo prisión y extinción de dominio. "Se contemplan desvíos (…) y se incrementan penas que van de 1 a 10 años de prisión", afirmó Morales durante la propuesta de la ley a principios de octubre.
Sobre la inquietud de sectores rurales, Morales aclaró que los ejidatarios podrán heredar y vender terrenos con títulos de concesión sin perder derechos, y que la captación pluvial o uso de pipas para riego agrícola no será sancionado.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, representado por Alberto de Santiago Murillo, exigió modificaciones adicionales al artículo 22 para asegurar los derechos adquiridos bajo concesiones vigentes. Sin embargo, la mayoría legislativa sostuvo su posición y aprobó reservas únicamente de su bancada.
El dictamen fue turnado al Senado para su discusión. Según la Comisión Nacional del Agua, la iniciativa busca cerrar vacíos legales detectados desde 2012 y fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico.