Red de profesionales de la salud urge al Congreso eliminar el aborto como delito en los códigos penales estatales, señalando riesgos para pacientes y médicos
La red Salvemos Miles de Vidas México, conformada por profesionales de la salud de distintas entidades, lanzó un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para que en 2026 se elimine el aborto como delito en los códigos penales del país. A pesar de los avances judiciales y legislativos, advierten que la penalización vigente continúa generando barreras que ponen en riesgo la vida y salud de millones de personas.
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado que criminalizar totalmente el aborto es inconstitucional. En 2023, el máximo tribunal ordenó retirar este delito del Código Penal Federal y armonizar las legislaciones estatales. Desde entonces algunos estados han permitido el aborto en determinados plazos. No obstante, hasta diciembre de 2025, ningún estado ha eliminado completamente el aborto de su marco penal.
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"Penalizar el aborto no lo impide. Basta con pasar un día en urgencias para ver cómo siguen llegando personas con complicaciones por abortos inseguros. Lo único que pedimos a las y los legisladores es que respeten los derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho humano", expresó la Dra. Sandra Karina Gaspar Martínez, ginecobstetra en Ciudad de México y Estado de México.
La red comentó a NotiPress que la penalización actúa como un mecanismo de discriminación estructural. Afecta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en contextos de pobreza, así como a quienes viven alejadas de centros de salud. A su vez, el temor a ser criminalizados inhibe a los profesionales de la salud en la atención de casos relacionados con la interrupción del embarazo.
"Dicen que penalizar el aborto protege a las mujeres porque ‘evita riesgos’. Eso es totalmente falso. La penalización desincentiva a quienes requieren acceder a servicios de atención postaborto, haya sido inducido o no, por miedo a la criminalización", explicó la Dra. Joselyn Rivera Vilchis, radicada en León, Guanajuato.
Rivera Vilchis también afirmó que, quienes requieren una interrupción del embarazo, suelen optar por buscar opciones fuera de los establecimientos de salud, lo cual puede ser inseguro. Además, la especialista subraya el temor del personal de salud que no quiere ser perseguido por asistir en un aborto.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización no reduce el número de abortos, pero sí aumenta la mortalidad y morbilidad materna. También obstaculiza la capacitación del personal médico y fomenta el estigma en torno a este servicio de salud.
"El acceso al aborto seguro debe ser una realidad accesible para quien lo necesite, sin importar dónde se encuentre", afirmó la psicóloga Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, desde Michoacán. En tanto, la Dra. Blanca Estela Kempis Robles, especialista en salud sexual en Morelos, concluyó: "Quienes hacemos parte del sistema de salud necesitamos tranquilidad y certeza para poder hacer nuestra labor".
Salvemos Miles de Vidas México sostiene que para garantizar servicios seguros y respetuosos de los derechos humanos, el país debe avanzar hacia un modelo de salud pública sin criminalización. Por ello, instan a que 2026 marque el inicio de una legislación nacional coherente en torno a la interrupción voluntaria del embarazo con los criterios de la SCJN y las recomendaciones internacionales.