Más allá del Congreso y con límites legales, la emergencia económica permite al Ejecutivo tomar decisiones clave en momentos críticos del país
Una crisis fiscal que supera los márgenes de manejo ordinario puede activar en Colombia un mecanismo excepcional: la emergencia económica. Esta figura constitucional otorga al Ejecutivo facultades temporales para enfrentar situaciones graves que amenacen el orden económico o social, cuando los instrumentos legales habituales resultan insuficientes.
El estado de emergencia económica está regulado por el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Su aplicación permite al Gobierno expedir decretos legislativos con fuerza de ley por un periodo inicial de 30 días, prorrogables hasta un máximo de 90 días en total, siempre que se mantengan las condiciones que motivaron su declaratoria.
Dicha herramienta no requiere la aprobación previa del Congreso para emitir medidas extraordinarias, pero sí está sujeta a dos controles obligatorios: el político, a cargo del Congreso al finalizar la emergencia, y el constitucional, bajo la revisión posterior de la Corte Constitucional. El decreto que declara la emergencia debe justificar de forma detallada las razones de su necesidad y limitarse a resolver la crisis en curso.
El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete, señala que Colombia atraviesa una "situación grave e inminente" que compromete la estabilidad fiscal y la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales. Según el documento, la combinación de múltiples factores financieros generó una "inminente crisis fiscal" la cual no puede ser atendida por mecanismos ordinarios.
Se mencionan como causas el archivo de dos reformas tributarias, la acumulación de obligaciones judiciales, las limitaciones al endeudamiento y un déficit estimado de hasta $16,3 billones para el presupuesto de 2026. También se mencionan pagos pendientes del sistema de salud, subsidios a la energía, atención a desastres naturales y deudas con víctimas del conflicto armado.
Durante el periodo de emergencia, el Ejecutivo puede establecer nuevos tributos, modificar tarifas existentes o ajustar beneficios fiscales. El decreto señala que se priorizarán impuestos dirigidos a quienes tengan mayor capacidad contributiva, así como medidas orientadas a corregir efectos negativos en salud y medio ambiente.
Pese a las amplias facultades, el alcance de estas medidas debe limitarse a lo estrictamente necesario. La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre la legalidad de cada decreto, y reiteró que esta herramienta solo puede utilizarse frente a hechos sobrevinientes, excepcionales y no previsibles.
El uso de la emergencia económica implica que el Gobierno asume de forma directa la responsabilidad de adoptar decisiones urgentes que usualmente corresponderían al poder legislativo. Finalizado el estado de excepción, el Congreso puede derogar, modificar o mantener las medidas adoptadas, según su criterio.
Aunque se trata de un mecanismo legal previsto por la Constitución, su aplicación activa debates jurídicos, económicos y políticos por su carácter excepcional. La validez de las decisiones tomadas dependerá del cumplimiento estricto de los principios constitucionales que rigen los estados de emergencia en Colombia.