México enfrenta una paradoja económica: mientras el nearshoring abre oportunidades, inseguridad, energía cara y dudas legales frenan a las mipymes
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales garantizar condiciones mínimas que permitan a las mipymes participar activamente en el desarrollo económico del país. Entre las principales preocupaciones mencionadas por el organismo figuran la inseguridad, el acceso limitado a energía competitiva y la pérdida de confianza bajo el marco jurídico.
Durante un mensaje institucional previo a la celebración navideña, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, declaró: "Hemos reiterado que no es posible hablar de desarrollo económico sin condiciones básicas, como seguridad, Estado de Derecho y energía, que lo respalden". Bajo esta premisa, resaltó la importancia de entornos estables para proteger la operación diaria, el patrimonio empresarial y la continuidad del empleo.
En cifras oficiales del INEGI, las mipymes representan el 71.3% del empleo nacional y constituyen más de 5.4 millones de unidades productivas. Fuentes del organismo indicaron que dichas empresas continúan enfrentando obstáculos relacionados con su crecimiento, formalización e integración a cadenas de valor. En palabras textuales del representante empresarial, "las mipymes continúan enfrentando barreras que limitan su crecimiento, su formalización y su integración a cadenas de valor".
Datos expuestos por la American Chamber en México muestran un panorama en el cual 58% de las compañías destina entre 2% y 10% de sus costos a medidas de protección frente a delitos. Fernanda Guarro, vicepresidenta de esa institución, señaló que este gasto funciona como un "impuesto invisible" que reduce márgenes de inversión y competitividad.
Ángel García-Lascurain, vicepresidente nacional de Desarrollo Económico de Coparmex, sostuvo que alrededor del 51% de las empresas afiliadas fue víctima de delitos como fraude, robo o extorsión. Indicó que este fenómeno reduce la rentabilidad y desalienta proyectos nuevos.
Mientras tanto, en regiones como Baja California, las empresas reportaron un aumento del 20% en gastos de seguridad privada, videovigilancia y protocolos de prevención, según declaraciones del presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Solís Vega.
Por otro lado, el reporte técnico de Energyhorizon alertó sobre el impacto de los recientes ajustes tarifarios en el sector eléctrico. El análisis detalló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementó las tarifas industriales entre 8% y 12% en 2025, lo que representa el mayor aumento registrado en cinco años. Este cambio afecta directamente a las pymes, debido a su limitada capacidad para cubrir sobrecostos sin estructuras de cobertura energética.
Para Sierra Álvarez, la certeza jurídica constituye un requisito indispensable para planificar, generar empleo formal y sostener ingresos familiares. Mediante el Encuentro Nacional Coparmex 2025 celebrado en noviembre en Tijuana, Sierra Álvarez planteó preocupaciones adicionales respecto a la certidumbre jurídica. Expresó que las recientes reformas al Poder Judicial, los cambios en la Ley de Amparo y la eliminación de órganos autónomos generan incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales. Textualmente declaró: "Lo que firmamos con Estados Unidos y Canadá es un contrato de confianza. Sin confianza no puede haber comercio ni inversión".
Además, calificó la extorsión como "el impuesto más caro para los empresarios" y afirmó que este delito destruye negocios familiares. En respuesta, Coparmex reiteró su propuesta de una Ley Nacional de Extorsión con sanciones más severas, aplicables a ciudadanos y funcionarios por igual.