Como parte de un rediseño del sector energético, el país avanza en la apertura de activos eléctricos al capital privado
En el mercado energético, Argentina inició un proceso orientado a transferir al sector privado el control de su red nacional de transporte eléctrico, considerada una infraestructura estratégica para el funcionamiento económico. La medida se instrumenta mediante un concurso público de alcance nacional e internacional y se integra a un programa más amplio de reorganización del rol estatal en empresas de infraestructura.
Desde 2025, el Ministerio de Economía estableció los lineamientos administrativos necesarios para avanzar con la privatización de la participación estatal vinculada a Transener. La compañía es la principal operadora del sistema de transporte eléctrico en alta tensión y cumple una función central en la interconexión de la red energética del país.
El esquema definido prevé la venta de las acciones que la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima posee en Citelec, sociedad controlante de Transener. Esa participación constituye la vía mediante la cual el Estado ejerce control indirecto sobre la transportista eléctrica.
Citelec concentra el 52,65% del capital accionario de Transener e incluye la totalidad de las acciones clase A y una porción de las acciones clase B. La sociedad está integrada por capital estatal y por la empresa privada Pampa Energía, según consta en la documentación oficial del proceso.
La base legal de la privatización se apoya en el artículo 7 de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y en disposiciones de la Ley 23.696. En ese marco normativo, Energía Argentina fue declarada formalmente "sujeta a privatización", habilitando la transferencia de sus activos mediante procedimientos competitivos.
El proceso contempla una venta progresiva de acciones y se desarrollará en etapas sucesivas. El objetivo declarado es garantizar la continuidad del servicio eléctrico, el cumplimiento de las obligaciones operativas y la ejecución de las obras actualmente a cargo de la empresa.
Transener administra cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en alta tensión, a los que se suman más de 6.000 kilómetros adicionales operados por su empresa controlada. La compañía también ejerce control indirecto sobre Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y sobre TRANSBA, responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.
La licitación se realizará de manera íntegramente digital a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR. El pliego de bases y condiciones establece plazos para consultas, presentación electrónica de ofertas y apertura digital, mientras que el valor base fue determinado mediante una tasación del Banco de Inversión y Comercio Exterior.
En el procedimiento intervienen la Secretaría de Energía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Sindicatura General de la Nación. También participa una comisión evaluadora integrada por especialistas con funciones técnicas, legales y de control durante todas las etapas del concurso.
Durante 2023, Javier Milei, en su condición de candidato presidencial, incorporó en su plataforma electoral el compromiso de "privatizar las empresas públicas deficitarias". Ese documento fue presentado ante la Justicia Electoral como parte formal de su propuesta de gobierno.
El medio especializado Chequeado indicó que esa promesa se encuentra "en proceso, adelantada", según su metodología de seguimiento de compromisos públicos. Esa categoría se utiliza cuando se iniciaron medidas concretas, aunque el objetivo aún no se completó.
La venta de la participación estatal en Transener se inscribe dentro del programa de privatizaciones previsto en la Ley Bases. El proceso continúa bajo las etapas administrativas definidas por la normativa vigente y los organismos de control intervinientes.