Desde fines de 2023 no hay distribución nacional de insumos ni campañas oficiales sobre IVE, y crecen los reclamos por falta de información clara
La legalización del aborto en Argentina, aprobada el 30 de diciembre de 2020, marcó un punto de inflexión en la agenda de derechos en América Latina. Cinco años después, organizaciones civiles, profesionales de la salud y reportes provinciales denuncian dificultades para acceder a los medicamentos necesarios y alertan sobre un debilitamiento progresivo en la implementación de la ley.
El camino hacia la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzó décadas atrás. En 2005, activistas feministas impulsaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La consigna "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" unificó reclamos de diversas organizaciones. La Cámara de Diputados dio media sanción en 2018, pero el proyecto fue rechazado en el Senado.
Recién en diciembre de 2020, en plena pandemia, el Congreso aprobó la Ley 27.610. La norma garantiza el acceso al aborto hasta la semana 14 de gestación y, sin plazo, en casos de violación o peligro para la salud. La ley fue promulgada el 14 de enero de 2021, posicionando a Argentina como uno de los primeros países de la región en legalizar el aborto en forma amplia.
Entre 2021 y 2023, el sistema público realizó más de 245 mil interrupciones legales del embarazo. El uso de misoprostol y mifepristona —los medicamentos más utilizados en procedimientos seguros— fue el método predominante. Según el Proyecto Mirar, "el aborto con medicamentos fue el procedimiento más utilizado, mientras que la aspiración manual endouterina no superó el 0,5% de los casos".
La entrega de estos insumos por parte del Estado nacional se encuentra totalmente interrumpida desde diciembre de 2023, según reportes de medios y organizaciones. El Centro de Datos de Chequeado, basándose en informes del Ministerio de Economía, confirmó que en 2024 no se distribuyó ningún tratamiento, frente a los 106.737 entregados en 2023.
Además del impacto operativo, organizaciones advierten que la falta de campañas oficiales y datos públicos desde fines de 2023 genera desinformación entre quienes requieren acceso a la IVE. Amnistía Internacional alertó: "casi el 60% de las consultas recibidas por la organización correspondieron a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto".
NotiPress recibió reportes de hospitales bonaerenses que confirman problemas en la entrega de medicamentos: "la Mifepristona no se está entregando por sus altos costos y desde el gobierno no quieren incluirla en el presupuesto de salud a pesar de estar en la ley". Además, aseguraron que algunas empresas de medicina prepaga tampoco la cubren por su elevado valor económico.
El presidente Javier Milei expresó públicamente su rechazo a la ley. En marzo de 2024 afirmó: "Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo", y calificó a sus impulsores como "los asesinos de los pañuelos verdes".
Cinco años después de su sanción, la ley sigue vigente, pero su implementación enfrenta tensiones crecientes en un contexto político y sanitario que compromete su cumplimiento efectivo en todo el país.