Autoridades argentinas investigan si el Tren de Aragua utilizó rutas ilegales y redes financieras para operar desde Corrientes hacia otros países
La captura de un ciudadano venezolano en la provincia de Corrientes encendió nuevas alarmas sobre la posible expansión territorial del Tren de Aragua en el Cono Sur. La detención, ocurrida en diciembre de 2025, reactivó una causa federal que investiga si la organización criminal transnacional consolidó operaciones en Argentina como parte de su ruta de actividad ilícita por América Latina.
El detenido fue interceptado por Prefectura Naval en un puesto de control fluvial en la ciudad de Ituzaingó, cuando intentaba cruzar clandestinamente hacia Paraguay. Declaró haber ingresado por un paso no habilitado en Salta y reportó el robo de sus pertenencias en la ciudad fronteriza de Puerto Iguazú. Al momento del arresto, no poseía documentación válida para permanecer en el país.
Tras el operativo, la Unidad Fiscal de Corrientes encabezada por la fiscal Tamara Pourcel solicitó datos a organismos internacionales para verificar su identidad. Las respuestas confirmaron un amplio historial delictivo en por lo menos seis países. Interpol y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos notificaron que el sospechoso fue deportado en enero de 2025 por ingreso ilegal desde México. También registra antecedentes por homicidio intencional (2013) y porte ilícito de armas (2012) en Venezuela, además de un pedido de captura activo en Ontario, Canadá.
Durante la audiencia judicial, los fiscales presentaron tatuajes identificados en el cuerpo del imputado como evidencia de su presunta vinculación con el Tren de Aragua, junto con el dato de que "admitió haber pertenecido al Ejército venezolano", lo cual, según el Ministerio Público, aumenta su capacidad de evasión y dominio de rutas irregulares.
El juez de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda dictó la prisión preventiva por 45 días, con vigencia hasta el 26 de febrero de 2026. La Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión permanente de Argentina, que se hará efectiva tras la conclusión del proceso judicial.
Dicho caso se conecta con una investigación iniciada en 2019 que sigue la pista de una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, presuntamente operativa en Corrientes y Buenos Aires. Las maniobras incluyen uso del sistema hawala, sociedades pantalla, compras sin respaldo económico y transferencias internacionales. Según resoluciones judiciales, parte de esos fondos estarían relacionados con el financiamiento del grupo delictivo.
Paralelamente, otra causa tramitada en la ciudad de Buenos Aires derivó en condenas por delitos económicos cometidos bajo un esquema similar. Las autoridades destacaron coincidencias en los métodos utilizados, lo que refuerza la sospecha de un patrón regional.
El caso argentino se suma a situaciones similares registradas en Chile, Perú y Brasil, donde fuerzas de seguridad también identificaron células del Tren de Aragua operando a través de redes migratorias y financieras. Diversos gobiernos de la región comenzaron a intercambiar información sobre estos movimientos, en el contexto de acuerdos bilaterales y alertas emitidas por Interpol.