Diputados retomarán en febrero un dictamen que propone juzgar a adolescentes desde los 14 con medidas alternativas y privación de libertad solo en casos graves
El Gobierno nacional confirmó que el Congreso debatirá en sesiones extraordinarias de febrero un proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue incorporada formalmente al temario tras una reunión en Casa Rosada y forma parte de las prioridades legislativas para este inicio del año parlamentario.
Dicho anuncio se conoció tras una reunión de la mesa política del oficialismo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con participación de Karina Milei, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo y otros funcionarios clave. Adorni informó vía redes sociales: "Reunidos en Casa Rosada desde temprano, la ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias, fin".
La decisión de activar el debate legislativo se produce en un contexto marcado por crímenes cometidos por menores. En particular, el caso de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, reabrió el debate sobre la edad mínima para la imputabilidad penal. Este hecho motivó al oficialismo a retomar un dictamen trabajado en 2025 que había perdido estado parlamentario al cierre del período anterior.
El proyecto a tratarse establece una modificación del régimen penal juvenil, fijando los 14 años como nueva edad mínima de imputabilidad. Fue resultado de un dictamen aprobado por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que incluyó Legislación Penal, Presupuesto, Justicia, Familias, Niñez y Juventudes. Durante ese proceso se consensuaron doce iniciativas legislativas impulsadas por bloques políticos diversos.
A diferencia de la propuesta original del Ejecutivo, que sugería reducir la imputabilidad a los 13 años, el dictamen acordado definió los 14 años como umbral, junto con un régimen escalonado de penas. Se contemplan sanciones máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves y medidas alternativas como servicios comunitarios, reparación económica, monitoreo electrónico y restricciones de contacto con la víctima para casos de menor gravedad.
La privación de libertad se reservaría exclusivamente para delitos graves y bajo condiciones específicas. Además, el proyecto incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial, aplicable en casos con penas de hasta seis años y con acuerdo de víctima e imputado. También se prevé la posibilidad de suspensión del juicio a prueba en determinados delitos.
El régimen plantea un alojamiento diferenciado para adolescentes según edad, condición procesal y situación sanitaria. Asimismo, se proponen medidas educativas, asesoramiento psicológico, inclusión en programas escolares y capacitación laboral, con el objetivo de orientar la reinserción.
Aunque el dictamen perdió vigencia al finalizar 2025, el consenso alcanzado entre bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y partidos provinciales, servirá como base para el nuevo tratamiento parlamentario. En contraposición, la bancada de Unión por la Patria se manifestó a favor de mantener la imputabilidad en 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación.
El proyecto se discutirá en paralelo con otras reformas incluidas en las sesiones extraordinarias, como la Reforma Laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La reforma del Código Penal fue postergada para marzo.