Las entidades financieras perderán autonomía sobre su cartera tras la reactivación de un esquema que impone prioridades al sistema crediticio
Colombia activó una medida que cambiará la forma en que operan los bancos a nivel nacional: mediante decreto, el Gobierno exigirá a las entidades financieras destinar parte de sus recursos a sectores productivos específicos. Esta decisión fue confirmada por el presidente Gustavo Petro en el contexto de la emergencia económica declarada por los efectos de la ola invernal.
Durante un consejo de ministros realizado, el mandatario anunció que la banca deberá financiar actividades como vivienda, agricultura, turismo y economía popular. La medida revivirá un modelo de inversiones forzosas que, según el Ejecutivo, responde al incumplimiento de compromisos firmados en 2024. En aquel acuerdo, denominado Pacto por el Crédito, el sector financiero se comprometía a desembolsar 250 billones de pesos en 18 meses.
El presidente confirmó que el Gobierno impondrá por decreto inversiones forzosas al sistema financiero. Además, indicó: "los recursos no se orientaron hacia la producción ni al crédito asociativo, sino que continuaron concentrándose en consumo" . Este desvío, según explicó, motivó la reactivación del mecanismo obligatorio para garantizar que el crédito fluya hacia actividades productivas.
Dicho mecanismo conocido como inversión forzosa obliga a los bancos a dirigir parte de su crédito hacia sectores definidos por el Gobierno. En este caso, se busca priorizar a los más afectados por la crisis climática y con menor acceso histórico al crédito. Este instrumento, utilizado en otras economías emergentes, permite orientar parte de la cartera bancaria hacia finalidades estratégicas.
La medida también se apoya en otras acciones complementarias. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó: "también mediante Bancoldex buscaremos asignar las tasas compensadas, además de las inversiones forzosas que usted mencionó" . Se prevé que estas tasas subsidiadas estén dirigidas a microempresas y proyectos rurales, mediante Finagro y el Banco Agrario.
Paralelamente, se presentó un proyecto de decreto tributario que establece un impuesto al patrimonio para las 15 mil empresas más grandes del país, incluyendo entidades financieras. Este impuesto diferenciará entre compañías productivas y aquellas consideradas rentísticas. Según Ávila, aunque la tarifa nominal es del 28 %, muchas grandes empresas pagan una tasa efectiva del 21,3 % . La nueva estructura buscará cerrar esa brecha.
El paquete de decretos se enmarca en las facultades extraordinarias que otorga la emergencia económica y combina medidas fiscales, crediticias y de control sectorial. También se contempla una eventual suspensión temporal de exportaciones de carne para contener el alza de precios internos.