CDMX analiza reformas legales para revocar concesiones de transporte público que operen con fallas físicas, de higiene o sin documentación
El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad local, con el objetivo de establecer causales claras y proporcionales para revocar concesiones del transporte público cuando se incumplan las condiciones físicas, de conservación e higiene de las unidades.
La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Omar Alejandro García Loria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictamen. En concreto, plantea modificar la Fracción IX del Artículo 115 de dicha ley, en materia de revocación de concesiones.
Con base en el documento, el legislador justificó la necesidad de la reforma a partir de las quejas ciudadanas registradas tras el aumento de tarifas en 2025. "Con el aumento en las tarifas en 2025 surgieron diversas inconformidades por parte de la ciudadanía, quienes exponían las pésimas condiciones en las que operaban los transportes (…), reportando irregularidades en sus características, mobiliario deteriorado, cámaras inservibles y botones inoperantes, entre otros elementos", se lee en la iniciativa.
En la exposición de motivos, García Loria subrayó que diariamente se realizan 34.5 millones de viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México, y que cerca del 48% de la población depende del transporte público concesionado para trasladarse. Por ello, remarcó que mantener los vehículos en condiciones óptimas representa una necesidad pública.
El texto plantea como causal de revocación el incumplimiento de disposiciones emitidas por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), particularmente las relacionadas con la renovación, mantenimiento y reacondicionamiento de las unidades. "Esto incluye las condiciones de limpieza, conservación y seguridad de las unidades destinadas a la actividad de transporte público, cuando dicho incumplimiento sea reiterado o grave y afecte la calidad del servicio o ponga en riesgo la integridad de las personas usuarias", agrega la iniciativa.
De acuerdo con cifras del Gobierno capitalino citadas en el documento, durante 2025 se realizaron 670 operativos conjuntos entre el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la SEMOVI. Como resultado, se suspendieron mil 51 unidades de transporte público por carecer de licencia, tarjeta de circulación o placas.
Además, se detectaron fallas en condiciones físico-mecánicas y documentación, lo que derivó en la suspensión de 886 unidades de rutas, 204 taxis no registrados oficialmente y 81 unidades correspondientes a corredores de transporte.
La iniciativa busca dar mayor certeza jurídica tanto a concesionarios como a usuarios, al establecer criterios objetivos y verificables para retirar concesiones cuando las condiciones de operación no cumplan con los estándares mínimos. La propuesta se encuentra actualmente en etapa de análisis legislativo.