Tribunales deberán revisar cada caso en 15 días, pero los límites de la norma generan dudas sobre su efectividad para liberar presos políticos
La ley de amnistía general firmada en Venezuela promete revisar expedientes de detenidos por causas políticas, pero no garantiza liberaciones inmediatas ni anula condenas previas. El texto, aprobado por unanimidad el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional y promulgado esa misma noche por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, establece un marco legal que deja sin cobertura a quienes enfrentan delitos graves, incluyendo rebelión, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Esta promulgación ocurrió en el Palacio de Miraflores, luego de semanas de presión ejercida por organizaciones civiles y familiares de presos, quienes exigían medidas concretas. La ley contempla hechos ocurridos entre 1999 y 2025, y abarca manifestaciones, protestas y episodios de confrontación vinculados a procesos electorales y crisis institucionales. No obstante, impone condiciones que restringen su alcance.
Delcy Rodríguez afirmó durante la ceremonia de firma: "Hay que saber pedir perdón y también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía". A su vez, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, sostuvo: "el objetivo es restañar las heridas derivadas de los hechos de violencia política".
La norma consta de 16 artículos y establece que los tribunales tendrán un plazo de 15 días para pronunciarse sobre las solicitudes presentadas. Entre los requisitos, se exige que los beneficiarios hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito. También se requiere comparecencia personal en el país, limitando el acceso al beneficio para opositores en el exilio.
Si bien el texto permite que un abogado inicie el trámite para quienes se encuentren fuera de Venezuela, la amnistía no se aplicará si el solicitante no se presenta físicamente ante las autoridades. Esta disposición generó inquietud entre familiares y defensores de derechos humanos al dejar sin protección a numerosos activistas exiliados por evitar represalias judiciales.
Además, la ley no contempla la restitución de bienes incautados, la revocatoria de inhabilitaciones políticas ni la eliminación de sanciones impuestas a medios de comunicación. Según borradores anteriores, estos elementos formaban parte del debate legislativo, pero fueron excluidos de la versión final.
La ONG Foro Penal informó que al menos 600 personas continúan detenidas por razones políticas en Venezuela. Aunque se registraron más de 400 excarcelaciones desde enero, la mayoría de los casos responden a medidas de libertad condicionada, sin anulación de cargos ni sentencias.
Antes de la promulgación, familiares de presos mantuvieron una huelga de hambre frente a la sede policial de Zona 7, en Caracas. Tras la aprobación de la ley, la protesta fue levantada.
Pese al anuncio oficial, organizaciones civiles y expertos legales insisten en que la aplicación efectiva de la ley dependerá de la voluntad del sistema judicial. El texto excluye a quienes hayan participado en acciones armadas con apoyo extranjero, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o corrupción, lo que reduce de forma significativa su impacto esperado.