Agricultores europeos protestan ante el avance del tratado con Mercosur por temor a la competencia de productos sudamericanos
Tras más de dos décadas de negociaciones y múltiples postergaciones, la Comisión Europea anunció la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. La decisión se produce luego de que Argentina y Uruguay ratificaran el tratado, condición necesaria para que Bruselas activara el proceso de implementación parcial del pacto.
El anuncio se realizó el 27 de febrero de 2026 mediante una breve declaración de la presidenta del Ejecutivo comunitario. "La Comisión procederá ahora con la aplicación provisional", afirmó Ursula von der Leyen desde la sede de la institución en la capital belga. Según explicó, esta etapa interina se limitará a los capítulos del acuerdo que corresponden exclusivamente a la competencia de la UE, en particular los relacionados con comercio y aranceles.
Firmado por la Unión Europea y los cuatro países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, el tratado representa su mayor acuerdo de libre comercio en términos de volumen potencial. Se estima que el pacto eliminará hasta 4.700 millones de dólares en aranceles aplicados a exportaciones europeas, abriendo un mercado conjunto de más de 700 millones de personas.
"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", señaló Von der Leyen al referirse a la validez limitada del acuerdo mientras continúa el proceso formal de ratificación. Este se encuentra actualmente suspendido a la espera de un fallo del Tribunal de Justicia de la UE, luego de que un grupo de eurodiputados presentara un recurso legal cuestionando su compatibilidad con el Derecho comunitario.
Pese al avance institucional, el tratado generó una fuerte reacción en sectores agrícolas europeos. Agricultores en Francia, España y Polonia organizaron manifestaciones en contra del pacto, alegando que la entrada de productos sudamericanos con estándares diferentes en materia sanitaria y ambiental podría afectar su competitividad y poner en riesgo la producción local.
La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, calificó la decisión de la Comisión como "muy perjudicial" y criticó que se haya dado el paso sin esperar la resolución del Tribunal. "Es una señal equivocada para nuestros agricultores e instituciones comunitarias", declaró a medios locales tras el anuncio.
Por el contrario, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España respaldó el inicio de la implementación. La cartera dirigida por Carlos Cuerpo destacó las "grandes oportunidades" que el tratado ofrece a empresas europeas y subrayó su "importancia estratégica" para las economías del bloque.
El proceso de ratificación definitiva aún debe completarse. Para que el acuerdo entre plenamente en vigor, será necesario el respaldo unánime de los 27 Estados miembros y la aprobación del Parlamento Europeo, que conserva la facultad de aceptarlo o rechazarlo en su totalidad, sin posibilidad de modificarlo.
Mientras tanto, la Comisión Europea reafirmó su intención de trabajar junto al resto de las instituciones comunitarias para completar el proceso. Von der Leyen aseguró que el tratado permitirá que Europa "forje su propio futuro", al fortalecer vínculos con regiones consideradas clave para la diversificación comercial.