A diferencia del caso Gallo, Giuliani no fue repatriado y continúa detenido sin pruebas en una cárcel venezolana de máxima seguridad
La liberación de Nahuel Gallo tras más de 400 días detenido en Venezuela trajo alivio a su familia, pero reavivó la angustia de los allegados a Germán Darío Giuliani, el único argentino que permanece preso en ese país. Mientras el gendarme ya está en Argentina, el abogado continúa recluido en el penal de máxima seguridad Yare II sin acceso a un juicio ni imputaciones claras, según denuncias de su entorno.
Giuliani fue arrestado entre el 21 y 23 de mayo de 2025 en Caracas, adonde había viajado semanas antes por motivos laborales. Según su esposa, Virginia Rivero, el abogado fue contratado para colaborar con los documentos de una franquicia cervecera. Tras su detención, pasó alrededor de siete meses en una celda reducida junto a otros presos políticos, sin acceso al exterior.
El 21 de diciembre fue trasladado al Centro Penitenciario Yare II, donde permanece hasta hoy. La familia relata que estuvo 26 días incomunicado antes de poder confirmar su paradero. "Estuvimos 26 días incomunicados, no sabíamos nada de él", señaló Rivero en declaraciones públicas. En enero de 2026 se produjo el primer contacto telefónico desde el penal, una llamada breve que permitió confirmar su ubicación, pero sin detalles sobre su estado de salud.
Vanesa Giuliani, hermana del detenido, describió las condiciones actuales de comunicación: "Está detenido en Yare II y tiene la posibilidad de hacer una llamada cada quince días de dos minutos y ahí, frente a un custodio y en altavoz". Según indicó, esto impide conocer realmente cómo se encuentra. "No tenemos manera de comprobar cómo está él. No lo vemos", afirmó.
El entorno de Giuliani sostiene que no existen pruebas en su contra ni causa judicial formal. En un video grabado desde el penal, el propio abogado expresó su temor: "Hago este video porque temo por mi vida". Además, negó cualquier vínculo con delitos: "No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje".
La familia asegura haber denunciado situaciones de tortura e incomunicación prolongada, además de irregularidades legales. "Hace más de nueve meses que está recluido allá en Venezuela, sin un proceso legal, con acusaciones de las cuales no han presentado pruebas con una causa que no existe", señaló Vanesa.
Aunque mantienen contacto con la Cancillería argentina y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los familiares sostienen que no recibieron información concreta sobre avances en el caso. Rivero afirmó: "El Gobierno argentino continúa acompañándonos", pero también lamentó que "nadie de la AFA se comunicó con nosotros", pese al rol clave de esa entidad en la excarcelación de Gallo.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su pedido de liberación para todas las personas privadas de su libertad por razones políticas en Venezuela. Las autoridades argentinas manifestaron su preocupación por los casos de desaparición forzada y detención sin proceso legal, y solicitaron una resolución inmediata.