Los haberes de retiro quedarían condicionados por nuevos límites constitucionales aplicables a todos los niveles de gobierno
Miles de exfuncionarios del sector público podrían ver reducidas sus pensiones si se aprueba una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa plantea establecer un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para jubilaciones financiadas con recursos públicos en organismos paraestatales y descentralizados.
El documento fue remitido al Senado el 3 de marzo de 2026 por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción de la propuesta y explicó: "El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más del 50% de lo que gana la Presidenta de la República en sus pensiones, es decir más de setenta mil pesos mensuales".
La reforma busca modificar el artículo 127 de la Constitución para aplicar este límite en todos los niveles de gobierno. El proyecto incluye un apartado transitorio que obligaría a ajustar las pensiones ya vigentes, salvo en los casos expresamente exceptuados. De ser aprobada, más de 14 mil pensiones van a quedar sujetas a revisión.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal argumenta que algunos esquemas de retiro presentan montos "desproporcionados" frente al ingreso promedio de la población y representan una presión para las finanzas públicas. Según el texto, si bien ya existe un marco constitucional que impone límites salariales, algunas jubilaciones en el sector paraestatal siguen sin alinearse a principios de austeridad, equidad y proporcionalidad.
Datos oficiales revelan que al menos 544 exfuncionarios de Pemex reciben pensiones superiores al salario presidencial, y que unos 9 mil 400 exempleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
La medida incluiría a personal de confianza en empresas públicas, fideicomisos, organismos descentralizados y sociedades nacionales de crédito en los tres niveles de gobierno. Según la propuesta, "ningún instrumento jurídico o disposición laboral podrá fijar condiciones que superen ese límite".
El proyecto incluye cuatro excepciones: pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en sistemas individuales, esquemas complementarios con fondos sindicales, integrantes de las Fuerzas Armadas y la pensión no contributiva del artículo 4 de la Constitución.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó: "Obviamente, las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto, estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y de todos modos tienen pensiones injustificables". Añadió que la intención no es eliminar derechos adquiridos, sino "ordenar y armonizar" los sistemas de retiro conforme a criterios de justicia y sostenibilidad fiscal.
La Secretaría de Hacienda dictaminó que la reforma no generará impacto presupuestario adicional en el ejercicio fiscal vigente ni en los años siguientes. La propuesta será analizada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos antes de su eventual discusión en el Pleno del Senado.