Presuntas mafias buscan recuperar terrenos incautados por el Estado, mientras crece la tensión en la implementación de la reforma agraria en Colombia
La disputa por tierras incautadas al narcotráfico escaló a un nuevo nivel de tensión en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara un intento de asesinato contra uno de los funcionarios más visibles de su gobierno. Según afirmó el mandatario, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, fue amenazado de muerte debido a su papel en la entrega de predios expropiados a comunidades campesinas.
El hecho fue expuesto el lunes 16 de marzo durante una reunión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Allí, mientras Harman presentaba los avances de la reforma agraria, Petro interrumpió para revelar: "¿A usted lo estaban amenazando por eso?". "Así es", respondió el funcionario. El presidente agregó: "De muerte", a lo que Harman reiteró: "Así es, presidente".
Durante ese encuentro, el jefe de Estado señaló como presunto responsable a Federico Almanza, a quien la Agencia Nacional de Tierras identifica como supuesto testaferro del "cartel de las marionetas". La red criminal estaría interesada en recuperar terrenos que habían sido declarados en extinción de dominio y posteriormente redistribuidos.
"Almanza quiere matar al director de la Agencia Nacional de Tierras entonces todo el campesinado de la reforma agraria en el Magdalena medio tiene que ser cuidado", declaró Petro. Además, solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a la Policía Nacional, fortalecer los mecanismos de protección para funcionarios y beneficiarios de la política agraria.
El conflicto se enmarca en la redistribución de bienes rurales que, según la ANT, habían sido usados anteriormente por redes del narcotráfico. Uno de los casos más representativos ocurrió en noviembre de 2025, cuando Harman inspeccionó el predio Rancho El Hermosillo, de 400 hectáreas, en Puerto Salgar, Cundinamarca. El terreno, que perteneció a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "El Mexicano", debía estar bajo administración estatal, pero fue hallado ocupado por empleados de Almanza.
Harman señaló entonces que en ese y otros predios —que sumaban cerca de 3.000 hectáreas— hubo obstrucción por parte de la alcaldía local, la Personería y la Policía para facilitar su recuperación. "Hoy los campesinos que estaban defendiendo el terraplén ya tienen 180 hectáreas y probablemente vamos a llegar a las 250 en un trabajo articulado que hicimos en la SAE", indicó el funcionario durante el consejo.
La Agencia Nacional de Tierras explicó que varias de estas propiedades fueron transferidas al fondo de reparación a víctimas o a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero requerían procesos legales y operativos para su aprehensión física. "Literalmente hay que irse finca por finca a hacer la aprehensión y hacer la recuperación de vida de esa tierra", afirmó.
En paralelo a las amenazas, el director de la ANT enfrenta una orden de arresto de cinco días y una multa por desacato a una tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia. El fallo, emitido por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, responde a la falta de respuesta sobre la compra de un predio vinculado a programas de reforma agraria.