A menos de tres meses de los comicios, Colombia enfrenta dudas sobre integridad del sistema de votos tras fallas no investigadas desde hace una década
Un nuevo foco de tensión institucional se abre en Colombia tras la solicitud formal del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía General de la Nación. A través de un derecho de petición, el mandatario exigió explicaciones documentadas sobre el tratamiento de las irregularidades electorales detectadas desde el año 2014 y no resueltas hasta la fecha.
El escrito fue dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo y contiene once preguntas específicas sobre las investigaciones relacionadas con un fallo del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018. En esa sentencia, el alto tribunal evidenció alteraciones graves en 4.150 registros de votación digital, correspondientes a 2.012 mesas, durante las elecciones legislativas de 2014.
Con fecha del 19 de marzo de 2026, el documento presidencial solicita información precisa sobre si la Fiscalía recibió la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado, si abrió una indagación penal, y si existen responsables identificados o procesos judiciales en curso. También exige conocer los motivos por los cuales no se comunicaron avances sobre un caso que el propio fallo judicial consideró probado.
"El software de escrutinios utilizado en las elecciones al Senado del 9 de marzo de 2014 fue objeto de sabotaje, que produjo alteraciones en 4.150 registros correspondientes a 2.012 mesas de votación", se afirma en el derecho de petición.
Según el presidente, los mismos patrones detectados en 2014 habrían reaparecido en ciclos posteriores. El texto menciona discrepancias entre formularios físicos y resultados digitales en las elecciones de 2018, 2022 y en los comicios legislativos de marzo de 2026. Esta repetición, sostiene Petro, debió haberse evitado si la investigación inicial se hubiese llevado a cabo en tiempo oportuno.
"El presente derecho de petición es presentado con la convicción de que la Fiscalía General de la Nación responderá con la seriedad y la transparencia que el momento histórico exige", señala el documento oficial.
Una de las inquietudes centrales es la destrucción del software original por parte de la contratista ASD, filial de Thomas Greg & Sons. Según el texto, esta acción impidió realizar una auditoría forense y podría configurar delitos como obstrucción a la justicia o supresión de evidencia.
Como parte de la solicitud, Petro incluyó una pregunta sobre posibles acciones preventivas coordinadas con autoridades electorales ante los comicios de 2026. En esa jornada, más de 41 millones de ciudadanos colombianos están habilitados para votar.
El presidente invoca los artículos 23, 74, 189 y 250 de la Constitución, que le otorgan el deber de garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales y velar por la transparencia institucional. Si la Fiscalía no responde dentro del plazo legal de 15 días hábiles, se activará el silencio administrativo negativo, lo que habilitaría acciones judiciales adicionales para exigir una respuesta formal.