Más de 100 acuerdos bilaterales y mejores precios para los créditos empujan a la región en un negocio con impacto sobre comercio, inversión y empleo
Con más acuerdos en marcha y precios más altos para los créditos regulados, América Latina empezó a ganar espacio en un negocio que combina política climática, financiamiento e ingresos externos. Ese avance coincide con una etapa decisiva para los mercados de carbono, donde varios países buscan convertir capacidad de mitigación en una nueva fuente de divisas.
El cambio está ligado a la entrada en fase operativa del Artículo 6 del Acuerdo de París, que habilita transacciones entre países. Ese esquema permite comercializar resultados de mitigación verificados y crea un marco más claro para transferencias con respaldo estatal.
La novedad no radica solo en el tamaño potencial del mercado, sino en el tipo de demanda que empieza a consolidarse. Los compradores ya no buscan únicamente créditos voluntarios, sino unidades con trazabilidad oficial y reglas más definidas.
Ese viraje cambia la ecuación económica de muchos proyectos que antes tenían retornos inciertos o márgenes demasiado ajustados. Bajo el Artículo 6, los créditos pueden alcanzar valores entre dos y cinco veces superiores a los del mercado voluntario.
La diferencia ayuda a explicar por qué la región acelera con mayor intensidad que en ciclos anteriores. Bosques, energía, agroindustria y gestión de residuos aparecen entre los sectores con mayor capacidad para generar reducciones de emisiones exportables.
Al menos 100 acuerdos bilaterales ya están firmados o en negociación, mientras avanzan las primeras transferencias internacionales de resultados de mitigación. En ese escenario, 11 países latinoamericanos participarán como vendedores de créditos y concentrarán el 20% de los acuerdos globales.
Chile figura entre los casos más avanzados por la combinación de reglas definidas, proyectos autorizados e inversiones en curso. El país ya cuenta con cinco proyectos habilitados y una cartera estimada en 1.400 millones de dólares.
Perú también gana terreno con una estrategia apoyada en proyectos forestales y soluciones basadas en la naturaleza, especialmente en la Amazonía. El país identificó 66 medidas de mitigación y busca escalar iniciativas capaces de atraer financiamiento internacional.
Con una matriz energética renovable y el desarrollo de su Registro Nacional de Carbono, Paraguay avanza con un perfil exportador. Esa infraestructura regulatoria resulta clave para competir en un mercado donde la seguridad jurídica pesa tanto como el recurso natural.
Argentina todavía muestra un desarrollo más incipiente, aunque su potencial económico aparece entre los más altos de la región. Estimaciones técnicas indican que podría generar al menos 131,4 millones de créditos al año e ingresos de entre 1.400 y 3.900 millones de dólares.
La creación de redes empresariales y sectoriales también refleja que el mercado dejó de ser una expectativa marginal. Asociaciones de Argentina, Colombia y Brasil ya impulsan una articulación regional para compartir prácticas, defender estándares y mejorar condiciones de operación.
Detrás del atractivo financiero aparece una consecuencia más amplia para las economías de la región. Si los marcos regulatorios se consolidan, los créditos de carbono podrían convertirse en una fuente complementaria de divisas, inversión productiva y empleo ligado a conservación.
Ese escenario también impone exigencias sobre integridad ambiental, trazabilidad y participación local en los proyectos. La oportunidad crece, pero su valor de largo plazo dependerá de combinar velocidad regulatoria, credibilidad técnica y capacidad de ejecución.