La extorsión creció 61.2% en México entre 2015 y 2025 pese a la baja de otros delitos, según informe de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México sobre seguridad
La extorsión mantiene una tendencia al alza en México, aun cuando otros delitos de alto impacto muestran reducciones, de acuerdo con el informe "Extorsión en México", elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
El reporte señala que las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de 5,803 en 2015 a 9,357 en 2025, lo cual representa un incremento acumulado de 61.2%. Después de mantenerse relativamente estables entre 2015 y 2017, los registros comenzaron a crecer desde 2018 y alcanzaron su punto más alto en 2022, con 9,410 carpetas.
Aunque en 2023 y 2024 hubo una reducción moderada, el informe indica que 2025 cerró con un aumento interanual de 4.5%. Esta evolución contrasta con la baja de otros delitos como los homicidios de alto impacto, por lo cual el documento remarca que la extorsión aparece como uno de los principales desafíos de seguridad pública.
Uno de los principales aspectos del informe es la cifra oculta. Según el documento, entre 96% y 97% de los eventos de extorsión no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación. Esto implica que las carpetas registradas en 2025 reflejarían apenas una fracción del problema real.
El informe identifica varios factores detrás de esta brecha:
Esta falta de denuncia impide conocer con precisión dónde ocurre la extorsión, qué modalidades predominan y qué recursos deberían asignarse.
La distribución territorial también ocupa un lugar central. En 2025, cuatro entidades concentraron 64.8% de las carpetas de investigación: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León. Sin embargo, el informe aclara que las cifras absolutas no permiten comparar adecuadamente entidades con tamaños poblacionales distintos.
Al observar tasas por cada 100 mil habitantes, el panorama cambia. Morelos registró la tasa más alta, con 20.4 carpetas, seguido de Guanajuato, Ciudad de México, Colima, Baja California Sur y Nuevo León. Este dato muestra que entidades con menor población pueden enfrentar una presión extorsiva proporcionalmente mayor.
El informe distingue entre extorsión oportunista, como llamadas aisladas, y extorsión sistemática, como el "cobro de piso". Esta última modalidad implica pagos periódicos bajo amenaza y puede afectar comercios, actividades productivas y sectores económicos completos.
En el caso de empresas, el reporte señala que la extorsión fue el delito más frecuente contra unidades económicas en 2023. Además, el costo agregado de la delincuencia contra empresas alcanzó 124,300 millones de pesos constantes, equivalente a 0.51% del PIB, según indicó el documento.
El informe también remarca el papel de las armas de fuego. En extorsiones presenciales analizadas, 40% involucró armas. Las víctimas amenazadas con arma de fuego fueron más propensas a entregar lo solicitado y menos propensas a denunciar.
El documento señala también que el miedo a represalias aumenta cuando hay armas involucradas. Asimismo, se registran pérdidas monetarias mayores y efectos psicológicos como miedo persistente, insomnio y síntomas de estrés postraumático.
El reporte ubica dos hitos recientes: la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada el 6 de julio de 2025, y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada el 28 de noviembre de 2025.
Ambos instrumentos buscan homologar criterios, fortalecer la denuncia anónima y crear unidades especializadas. Sin embargo, la Ibero advierte que el reto está en la implementación. Fiscalías especializadas, tecnología, control penitenciario, inteligencia financiera, coordinación institucional y presupuesto aparecen como condiciones necesarias para que el nuevo marco legal produzca resultados.
El informe concluye con tres propuestas:
La Universidad Iberoamericana señala que la denuncia debe traducirse en respuestas visibles para las víctimas, mientras las fiscalías requieren recursos, personal especializado y herramientas tecnológicas. También plantea la creación de un observatorio independiente, con reportes públicos periódicos, para evaluar la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.