Solicitantes de Green Card deberán tramitar visas permanentes desde sus países, una regla que, muchos afirman, podría separar familias y enfrentar litigios legales en Estados Unidos
Solicitar la Green Card podría dejar de ser un trámite dentro del país para convertirse en un proceso con una salida obligatoria. El cambio anunciado por autoridades migratorias exige que quienes buscan la residencia permanente legal regresen a sus países de origen para pedir visas permanentes.
El Gobierno de Donald Trump presentó la nueva norma el viernes 22 de mayo, con impacto potencial sobre una amplia parte de la población de inmigración legal en Estados Unidos. En 2024, alrededor de 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal, de acuerdo con datos públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), defendió la medida con un argumento operativo: "Cuando los extranjeros solicitan desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden pasar a las sombras y permanecer en Estados Unidos ilegalmente después de que se les niegue la residencia".
La exigencia de salir del país puede incidir en hogares con integrantes en diferentes situaciones migratorias. También puede obligar a trabajadores a abandonar empleos antes de conocer el resultado de sus solicitudes. Para muchos solicitantes, el tiempo fuera de Estados Unidos dependerá de un proceso migratorio descrito como arduo y de duración variable.
La reacción política llegó poco después del anuncio. La representante demócrata de Illinois, Delia C. Ramirez, calificó la política como "más allá de cruel" y pidió el desmantelamiento del Departamento de Seguridad Nacional "pieza por pieza", afirmó durante la reunión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Greg Stanton, representante demócrata de Arizona, señaló las potenciales pérdidas que sufrirá el país a causa de esta norma. "Trump ha dificultado la inmigración legal, y lo ha hecho a propósito. Estados Unidos atrae a los mejores investigadores, médicos e ingenieros gracias a nuestros programas de visas de trabajo. Obligar a estos inmigrantes a abandonar el país antes de solicitar la ciudadanía nos privará de su innovación, sus impuestos y sus contribuciones a nuestra economía", compartió en X.
La norma probablemente enfrentará impugnaciones legales, mientras abogados, legisladores y defensores de la inmigración han comenzado a expresar críticas desde su anuncio. El debate se concentra en el efecto práctico de exigir una salida física del país a personas que buscan regularizar su permanencia mediante vías legales.
David J. Bier, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, describió la política como una "estrategia de abandono silencioso" por parte del Departamento de Seguridad. "El DHS otorga tarjetas de residencia permanente cuando un inmigrante que cumple con los requisitos y se encuentra en Estados Unidos solicita el ajuste de su estatus a residente permanente legal. Ahora, todo inmigrante legal debe abandonar el país —es decir, deportarse voluntariamente— incluso si cumple con los requisitos para obtener una tarjeta de residencia permanente e incluso si su salida del país lo descalificaría", escribió Bier en el blog de la institución.
La decisión aparece junto con otras medidas del Gobierno de Trump orientadas a reducir distintas vías migratorias. La administración impulsó restricciones en solicitudes de asilo, estatus de protección temporal, admisión de refugiados, visas de trabajo y visas de estudiante. Además, anunció una revisión de green cards emitidas a personas de 19 países considerados "de preocupación" tras el tiroteo en Washington a manos de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano a quien se le concedió asilo en 2025.