Para evitar presiones externas, el proyecto exige pedidos reiterados y revisión profesional antes de permitir eutanasia o muerte asistida
Legalizar la eutanasia volvió al debate legislativo con una propuesta que regula la asistencia médica para morir. La iniciativa apunta a pacientes con enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes.
En Argentina, el diputado socialista Esteban Paulón presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, donde integra el bloque Provincias Unidas. El planteo lleva el nombre Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida y define condiciones para solicitar el procedimiento.
La iniciativa abre una discusión jurídica relevante para pacientes, familias y profesionales de salud. La Ley de Muerte Digna reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos, pero no regula la eutanasia activa. Actualmente, la eutanasia activa y la muerte asistida continúan fuera de ese marco sanitario.
El proyecto diferencia dos modalidades con participación médica y consentimiento documentado del paciente. En la eutanasia, un profesional de salud administraría una sustancia letal solicitada por el paciente. En la muerte asistida, el médico entregaría la medicación para que la persona la administre por sí misma.[img1]
Ambas prácticas requerirían consentimiento libre, consciente e informado, con posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento. El procedimiento exigiría dos solicitudes separadas por al menos 15 días y una revisión clínica independiente. También intervendría un equipo con especialistas en salud mental, cuidados paliativos y bioética. Una Comisión de Evaluación y Garantías debería revisar el caso antes de autorizar la práctica.
Podrían solicitarla personas mayores de 16 años, argentinas o residentes permanentes durante al menos un año. El requisito central sería cursar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico que anule autonomía. La solicitud quedaría limitada a casos con sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.
El Estado debería garantizar ausencia de presiones externas y acceso previo a cuidados paliativos. La asistencia médica para morir quedaría cubierta por hospitales públicos, seguros sociales de salud y prestadores privados. El proyecto plantea cobertura total y sin copagos dentro del paquete obligatorio de prestaciones sanitarias.
De aprobarse, la práctica no comenzaría mediante una decisión administrativa aislada ni por autorización médica directa. El Congreso debería aprobar la ley, luego el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla y organizar su implementación sanitaria. Ese proceso incluiría comisiones evaluadoras, registros clínicos y mecanismos para cubrir el procedimiento en cada subsector de salud. El texto no fija una fecha exacta de inicio, por lo cual la aplicación dependería de la reglamentación posterior.
La reforma prevista en el Código Penal argentino protegería a profesionales que cumplan todos los requisitos del procedimiento. Además, incorpora directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir en la normativa civil y sanitaria. Los profesionales podrían ejercer objeción de conciencia individual, aunque los centros médicos no podrían negar el acceso por razones institucionales.
En Colombia, la Corte Constitucional amplió el acceso para enfermedades graves e incurables con sufrimiento intenso desde 2021. Uruguay aprobó una ley de eutanasia en 2025 y registró su primer procedimiento legal en mayo de 2026.
La iniciativa deja el debate centrado en requisitos médicos, consentimiento, cobertura sanitaria y responsabilidad profesional. Si avanzara, el acceso dependería del trámite legislativo y de la reglamentación necesaria para aplicarlo.