Preguntas sobre el descuento, la declaración jurada y el uso de vehículos Hyundai colocan el caso bajo análisis de ética pública en Uruguay
La compra de una camioneta Hyundai Santa Fe dejó al presidente uruguayo Yamandú Orsi bajo revisión ética por un descuento cercano a USD 25000. El caso comenzó tras la difusión de diferencias entre el valor de mercado del vehículo, la factura presentada y la declaración jurada del mandatario.
En febrero de 2025, pocos días antes de asumir la Presidencia, Orsi adquirió una Hyundai Santa Fe híbrida por USD 54000. Reportes periodísticos indicaron que el precio de lista rondaba los USD 78990, lo cual abrió preguntas sobre el origen de la rebaja.
La Junta de Transparencia y Ética Pública recibió denuncias por la operación y deberá analizar si existió una ventaja indebida. Ese organismo uruguayo funciona como autoridad de control en materia de declaraciones juradas, transparencia y prevención de prácticas corruptas.
El punto central es si el descuento fue una práctica comercial disponible para cualquier comprador o un beneficio vinculado a su futura investidura. La Ley 19823, Código de Ética en la Función Pública, prohíbe a funcionarios recibir obsequios, gratificaciones o ventajas de terceros por actos específicos de su función.
La controversia tiene un matiz jurídico relevante porque la compra ocurrió antes de la toma de posesión presidencial. Por eso, una parte del debate gira en torno a si la norma aplica cuando el beneficiario aún no ejercía formalmente el cargo.
Orsi pidió disculpas en un mensaje difundido por Presidencia y defendió el carácter personal de la compra. "Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo", señaló el mandatario.[img1]
Las consecuencias inmediatas dependen del análisis de la Junta de Transparencia y Ética Pública. El organismo puede solicitar información, recibir descargos, estudiar documentos y emitir una resolución sobre el caso.
Un dictamen adverso podría exigir aclaraciones públicas o medidas correctivas vinculadas con la operación. Si el órgano considera que existen elementos más graves, las actuaciones podrían derivarse a autoridades competentes, conforme a los mecanismos previstos para denuncias con mérito suficiente.
El propio Orsi dejó abierta la posibilidad de reparar económicamente la diferencia si el control oficial detecta un error. Esa salida no cerraría necesariamente el debate político, pero sí podría responder a una parte de los cuestionamientos sobre el beneficio recibido.
La polémica también incorporó el uso de un vehículo Hyundai durante la ceremonia de asunción presidencial. Sobre ese punto, Orsi afirmó que el auto usado ese día "no se vincula para nada con esta compra".
Dirigentes opositores pidieron información sobre la elección del vehículo utilizado en la transmisión de mando. La pregunta apunta a si la exposición pública de la marca tuvo alguna relación con el descuento aplicado en la compra privada.
Uruguay ocupa una posición destacada en mediciones regionales de percepción de corrupción, con 73 puntos sobre 100 en el índice 2025. Ese contexto aumenta la atención sobre un caso que combina declaración patrimonial, ventajas privadas y límites éticos para autoridades electas.