Daniel Ortega acumula tres décadas de poder en dos etapas y la nueva iniciativa podría modificar otra vez el calendario político nicaragüense en 2026
Una reforma constitucional podría extender a siete años renovables el mandato presidencial y restringir la participación de adversarios en futuras elecciones. Daniel Ortega presentó la iniciativa ante una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, con capacidad suficiente para aprobar los cambios solicitados.
El proyecto llegó el 28 de julio de 2026 al Parlamento nicaragüense y será examinado antes de una votación prevista para septiembre. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que una comisión especial revisará el articulado y organizará consultas antes del dictamen legislativo.
"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables", declaró Porras durante la presentación. También afirmó que la ampliación "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias".
La propuesta todavía no fue difundida completamente, por lo cual permanecen pendientes detalles esenciales sobre candidaturas, renovaciones y aplicación del nuevo período. Los adelantos oficiales señalan que futuras normas impedirían competir a personas calificadas como "vendepatrias", "golpistas" o vinculadas con intereses extranjeros.
Esas categorías suelen aparecer en discursos gubernamentales contra opositores, activistas y críticos del gobierno de Nicaragua. Su eventual incorporación como causa de exclusión podría entregar amplio margen a las autoridades electorales para impedir candidaturas consideradas contrarias al oficialismo.
La Asamblea remitió la iniciativa a una Comisión Especial Constitucional, encargada de realizar consultas, analizar el articulado y preparar un dictamen parlamentario. Rosario Murillo indicó que el proyecto también fue compartido con representantes diplomáticos y sería consultado con sectores de la sociedad nicaragüense.
El oficialismo dispone de los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales y controla el calendario legislativo, reduciendo las posibilidades de bloqueo parlamentario. Una modificación previa amplió el período presidencial y estableció la figura de copresidencia ejercida por Ortega y Murillo.
Ampliar el mandato puede ajustarse al ordenamiento interno cuando la reforma cumple el procedimiento constitucional y recibe las aprobaciones legislativas correspondientes. Esa validez formal no elimina los cuestionamientos relacionados con elecciones competitivas, separación de poderes y participación política efectiva.
Bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nicaragua debe garantizar los derechos ciudadanos a votar y acceder a cargos públicos. Una exclusión basada en opiniones políticas o categorías imprecisas podría entrar en conflicto con esas garantías, especialmente sin recursos judiciales independientes.
Gobiernos extranjeros, la Unión Europea y organismos multilaterales han expresado preocupación por la posible exclusión de partidos y candidatos opositores. También solicitaron que las próximas elecciones cumplan estándares internacionales de participación, transparencia y competencia entre distintas fuerzas políticas.
Entre las posibles consecuencias figuran mayor aislamiento diplomático, nuevas sanciones individuales y menor reconocimiento externo de futuras elecciones presidenciales. También podrían aumentar la emigración política y las tensiones con gobiernos que exigen comicios inclusivos y verificables.
Ortega regresó al poder en 2007, después de gobernar durante la revolución sandinista y ejercer la presidencia entre 1985 y 1990. El proceso legislativo definirá si los futuros períodos alcanzarán siete años renovables y bajo cuáles condiciones podrán competir candidatos opositores.