Críticos alertaron sobre concentración territorial y acceso a agua dulce, mientras el Gobierno defendió inversiones, empleo y seguridad jurídica del agro
La reforma sobre compra extranjera de tierras quedó fuera del proyecto de propiedad privada después de perder respaldo entre aliados provinciales y legisladores. La retirada evitó que ese capítulo comprometiera la votación completa, aunque la discusión sobre sus límites podría regresar mediante una iniciativa separada.
Este jueves 6 de agosto, desde las 14 hs local, el Senado de Argentina retomará una sesión interrumpida durante julio. La Cámara alta debatirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin el apartado dedicado a modificar la Ley de Tierras Rurales.
Dicho capítulo proponía flexibilizar las restricciones vigentes desde 2011 para la adquisición de campos por personas y empresas extranjeras. La última propuesta permitía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales extranjerizadas dentro de cada provincia.
Actualmente, existen restricciones individuales cercanas a mil hectáreas en las zonas agrícolas de mayor productividad. Además, limita adquisiciones junto a cuerpos permanentes de agua, fronteras y áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
La propuesta original buscaba eliminar buena parte de esas condiciones para facilitar operaciones inmobiliarias rurales e inversiones internacionales. El Gobierno sostuvo que las restricciones actuales frenaban capitales destinados al agro, la actividad forestal, los puertos y otros proyectos productivos.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó que una apertura podía generar inversiones cercanas a 15.000 millones de dólares. El funcionario no detalló públicamente el origen previsto de esos capitales ni su distribución entre regiones o actividades económicas.
Los defensores del cambio señalaron que la nacionalidad del propietario no modifica la soberanía jurídica sobre el territorio. También argumentaron que nuevas inversiones podrían activar tierras improductivas, crear empleos y ampliar la competencia del mercado inmobiliario rural.
Organizaciones sociales, ambientales y rurales cuestionaron esa postura por el posible aumento de la concentración territorial. También expresaron preocupación por campos ubicados cerca de reservas de agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos fronterizos.
Un estudio del Observatorio de Tierras indicó que cerca del 5% del territorio argentino pertenece actualmente a propietarios extranjeros. El mismo relevamiento identificó 36 departamentos donde esa participación supera el límite legal del 15% establecido por la normativa vigente.
La falta de apoyos terminó definiendo la retirada después de que gobernadores y legisladores aliados anticiparan votos negativos. La presión pública también aumentó mediante movilizaciones, mensajes de figuras conocidas y millones de interacciones registradas en plataformas digitales.
Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, comunicó que la decisión fue acordada por los integrantes del espacio. "La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes", señaló el comunicado.
Sin ese capítulo, el Senado mantendrá la discusión sobre desalojos, expropiaciones, registros inmobiliarios y terrenos afectados por incendios. El proyecto propone procedimientos judiciales más breves para recuperar inmuebles y nuevas reglas para calcular indemnizaciones durante procesos expropiatorios.
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego, actualmente aplicada sobre superficies incendiadas. El debate abordará las prohibiciones vigentes para cambiar usos productivos o desarrollar emprendimientos inmobiliarios durante períodos de treinta y sesenta años.