En 2008, un inversor estadounidense adquirió 200.000 hectáreas en La Rioja y el caso terminó impulsando límites a la propiedad rural extranjera
Pocas historias explican con tanta claridad el origen de la regulación argentina sobre tierras rurales como la ocurrida en Valle Hermoso. Aquella comunidad quedó incluida completa dentro de una operación inmobiliaria y, casi dos décadas después, su caso reapareció durante una nueva discusión parlamentaria.
La operación ocurrió en 2008, cuando un inversor estadounidense adquirió alrededor de 200.000 hectáreas ubicadas en la provincia argentina de La Rioja. Dentro del territorio transferido quedaron viviendas particulares, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y fuentes de agua utilizadas por los habitantes.
Por entonces, Argentina no contaba con las restricciones que posteriormente establecería para limitar la propiedad extranjera sobre grandes extensiones de tierras rurales. La situación de Valle Hermoso se convirtió así en uno de los antecedentes vinculados con el debate que precedió a la Ley 26.737.
Tras concretarse la operación, los habitantes comenzaron una extensa disputa judicial porque continuaban viviendo, trabajando y ejerciendo la posesión efectiva dentro del territorio vendido. La Justicia de La Rioja reconoció posteriormente esos derechos, pese a que la escritura había transferido formalmente la titularidad registral al comprador extranjero.
Ese conflicto acompañó la discusión política y jurídica que desembocó en la sanción de la Ley 26.737 durante 2011. La norma fijó un máximo del 15% para la propiedad o posesión extranjera de tierras rurales dentro del territorio argentino.
También estableció límites para determinados titulares y restricciones sobre propiedades que contuvieran cuerpos de agua permanentes o estuvieran alcanzadas por otras condiciones territoriales específicas. Con esas disposiciones, Argentina incorporó controles que no estaban vigentes cuando ocurrió la operación inmobiliaria relacionada con Valle Hermoso.
Años después, aquella historia recuperó actualidad cuando el Congreso comenzó a debatir nuevas modificaciones vinculadas con la propiedad privada y las tierras rurales. Entre las propuestas figuraban cambios en las condiciones aplicables a compradores extranjeros, cuestión que generó diferencias entre distintos sectores del Senado.
Durante el tratamiento parlamentario, el oficialismo retiró el capítulo relacionado con la venta y propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión dejó sin efecto esa modificación específica y mantuvo vigentes las restricciones establecidas por la actual Ley de Tierras.[img1]
La decisión no implicó la caída completa de la iniciativa legislativa ni la derogación de la Ley 26.737. Lo que quedó fuera fue el apartado destinado a cambiar las reglas sobre adquisición extranjera de tierras rurales, mientras otras disposiciones continuaron su recorrido parlamentario.
El proyecto restante conservó cuestiones relacionadas con expropiaciones y procedimientos de desalojo, aunque también perdió durante la sesión el capítulo vinculado con cambios a la Ley de Manejo del Fuego. La votación general terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, por lo que la iniciativa continuó hacia la Cámara de Diputados.