El Plan Michoacán acumula 950 detenciones; entre las operaciones recientes destaca la captura de Ramón Ángel Álvarez, alias “R1”, señalado por extorsión
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia acumula 950 personas detenidas, dentro de una estrategia enfocada en perseguir a generadores de violencia y estructuras dedicadas a la extorsión. Entre las acciones recientes sobresale la captura de Ramón Ángel Álvarez, alias "R1", identificado por las autoridades como líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La estrategia mantiene especial atención sobre actividades económicas expuestas al cobro de piso. Productores de aguacate y limón, empacadoras, comerciantes, ganaderos y transportistas aparecen entre los sectores considerados prioritarios por las autoridades.
"El objetivo es reducir la capacidad de los grupos delictivos para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas", afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Ramón Ángel Álvarez fue detenido en Jalisco durante un operativo realizado por fuerzas especiales del Ejército mexicano y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la misma acción fue capturado Jesús Salvador "N", alias "El Chuy", y las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos de distintos calibres y vehículos.
Las autoridades identifican a "R1" como dirigente de una célula vinculada con homicidios, tráfico de drogas, extorsión y cobro de piso. Entre las actividades atribuidas a ese grupo se encuentran presiones contra productores de aguacate y limón, además de ganaderos, comerciantes y transportistas.
Álvarez también contaba con una orden de aprehensión por homicidio, de acuerdo con la información presentada por el Gabinete de Seguridad. La captura forma parte de las operaciones dirigidas contra objetivos considerados prioritarios dentro del despliegue relacionado con Michoacán.
Otra de las acciones recientes ocurrió en Uruapan y otros municipios de Michoacán, donde se realizaron 11 cateos simultáneos derivados de una investigación por extorsión. Las diligencias estuvieron dirigidas a una estructura investigada por exigir pagos a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadoras, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.
Los operativos dejaron 12 personas detenidas, señaladas por su presunta participación directa en la recolección de cuotas en efectivo y en especie. En los inmuebles fueron aseguradas armas largas y cortas, vehículos, inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos.
"Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión", comentó el secretario Harfuch.
La operación se da en un contexto de tensión comercial luego de que diversos cárteles se disputan el control de los municipios productores, imponiendo extorsiones generalizadas a agricultores, empacadores y transportistas mediante el cobro de piso por hectárea o camión. Esta violencia ha escalado al grado de golpear las exportaciones hacia Estados Unidos, principal destino del fruto, debido a las amenazas dirigidas al personal de inspección sanitaria de dicho país.
Ante el riesgo de parálisis comercial y pérdidas masivas, la respuesta gubernamental ha priorizado la militarización de las zonas clave. El gobierno mexicano desplegó un fuerte contingente del Ejército y la Guardia Nacional para resguardar las rutas de transporte y las plantas empacadoras. Al mismo tiempo, la administración federal mantiene negociaciones directas con las autoridades estadounidenses para garantizar la seguridad permanente de sus inspectores y estabilizar un sector que sostiene la economía de miles de familias jornaleras.
El combate a este delito también forma parte de una estrategia nacional. Entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026, las autoridades reportaron mil 847 personas detenidas por extorsión en 24 estados del país, un dato que coloca el caso de Michoacán dentro de una operación de mayor escala.