Después de solicitar licencia y comparecer ante la FGR, Rubén Rocha Moya retomó el gobierno de Sinaloa tras permanecer 112 días separado del cargo
Rubén Rocha Moya afirmó haber retomado sus funciones como gobernador de Sinaloa después de permanecer 112 días con licencia temporal, periodo en el que enfrentó acusaciones provenientes de Estados Unidos, así como una orden de extradición a raíz de su presunto vínculo con el crimen organizado. Su reincorporación devuelve al mandatario al frente del Ejecutivo estatal con la intención declarada de concluir el periodo para el que fue electo.
"Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como Gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado", publicó Rocha Moya al anunciar su retorno.
Rocha Moya fue acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, puntualmente con la facción de "Los Chapitos". El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló al gobernador como colaborador en el tráfico masivo de fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense.
Además, se lo acusa de usar su cargo público y la estructura del gobierno estatal para otorgar impunidad legal y operativa al cártel, integrando lo que los fiscales denominan una "narconómina". La fiscalía estadounidense considera también que Rocha Moya se benefició del robo de urnas y la intimidación de rivales políticos ejecutados por el grupo criminal para asegurar su victoria electoral.
Como consecuencia, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios estatales implicados. La solicitud fue rechazada desde el primer momento por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que defendió la inocencia del gobernador de Morena.
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La mandataria afirmó que la justicia estadounidense no tiene pruebas para inculpar a Rocha Moya y que si el jefe del Gobierno sinaloense había cometido un delito, le correspondía a la Fiscalía General de la República (FGR) investigarlo.
Ante ese escenario, el 1 de mayo solicitó al Congreso del Estado una licencia temporal para separarse de la gubernatura. De acuerdo con su propio relato, la decisión buscó permitir que las instituciones mexicanas investigaran las acusaciones sin que utilizara el fuero constitucional asociado con su cargo.
"Como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano", afirmó.
Rocha Moya señaló que compareció personalmente ante la FGR y respondió las preguntas y requerimientos formulados por agentes del Ministerio Público.
Su licencia se mantuvo durante los 112 días en los que, conforme a su publicación, permaneció sujeto a las investigaciones correspondientes. El gobernador presentó ese proceso como el elemento central para defender su retorno al Ejecutivo estatal.
Después de ese periodo sostuvo que la FGR no encontró elementos mínimos de prueba que acreditaran su participación en alguna conducta penal.
"Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país, compartió Rocha Moya en X.
Además, agregó: "Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo".
Su reincorporación cierra el periodo de licencia, pero no elimina la disputa política alrededor de las acusaciones, que el mandatario continúa rechazando.
El regreso también reactiva el plazo de su administración. Rocha Moya recordó que fue electo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027 y presentó la conclusión de ese mandato como una obligación frente a los sinaloenses. Además, reafirmó su pertenencia al proyecto político de la Cuarta Transformación y su respaldo a la presidenta Sheinbaum.