En medio de un escenario de tensión política, una reforma pendiente de aprobación plantea cambios que podrían marcar el desarrollo de las próximas movilizaciones
Colombia se prepara para modificar las reglas de las manifestaciones ciudadanas en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y sectores de la oposición. El nuevo decreto de protesta social ya está listo y únicamente espera la firma del presidente Abelardo de la Espriella para entrar en vigor.
La iniciativa coincide con los preparativos de una movilización convocada para el 14 de octubre, en la que participará el expresidente Gustavo Petro. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la reforma busca diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y precisar la respuesta policial.
Dicha propuesta modifica el Decreto 003 de 2021, establecido tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre las garantías para protestar. Su objetivo declarado es proteger ese derecho constitucional y establecer criterios más precisos para la intervención de las fuerzas de seguridad.
Uno de los principales cambios consiste en identificar conductas que permitirían actuar contra participantes violentos sin agotar previamente todas las etapas de diálogo. Entre ellas figuran las agresiones contra personas, el uso de armas, los artefactos incendiarios, la retención de ciudadanos y los ataques contra personal médico o periodistas.
También se contemplan situaciones relacionadas con bloqueos que impidan el acceso a servicios esenciales o provoquen riesgos de desabastecimiento de alimentos y medicamentos. La reforma mantiene el diálogo como mecanismo principal y establece ocho causales para considerar agotada esa etapa, según explicó el ministro del Interior.
Cuando existan condiciones que justifiquen una intervención, las actuaciones deberán dirigirse contra quienes cometan actos violentos y no contra toda la manifestación. El procedimiento contempla cinco niveles de respuesta, comenzando por gestores de convivencia, conversaciones con autoridades locales y mecanismos de mediación antes de recurrir a medidas policiales.
Ante episodios de violencia, la fase de disuasión necesitaría autorización del alcalde mediante un Puesto de Mando Unificado, responsable de coordinar la respuesta institucional. Como última instancia podría intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, organismo policial especializado que reemplazó al antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Otra disposición contempla corredores humanitarios para permitir desplazamientos esenciales y evitar bloqueos permanentes de carreteras o vías utilizadas por el transporte público.
La presentación del decreto ocurre mientras organizaciones sindicales preparan una jornada nacional de movilizaciones contra las políticas del presidente Abelardo de la Espriella. La convocatoria cuenta con la participación de la Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.[img1]
Gustavo Petro confirmó que asistirá a la manifestación en Bogotá y llamó a los trabajadores de la capital colombiana a participar. "Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad", escribió el expresidente.
La reforma ha recibido cuestionamientos de sectores opositores, mientras el Gobierno sostiene que permitirá proteger las manifestaciones pacíficas y responder ante hechos violentos. Su eventual aplicación durante la jornada del 14 de octubre dependerá de que el presidente firme el decreto y este entre en vigor.