Una decisión del Gobierno argentino abre interrogantes sobre sus próximos movimientos en materia de defensa y el alcance de las medidas adoptadas recientemente
Los detalles de una nueva operación militar argentina quedaron fuera del conocimiento público mientras aumenta la tensión diplomática con Reino Unido por las Islas Malvinas. La decisión del presidente Javier Milei coincide con una etapa de modernización de las Fuerzas Armadas y nuevas controversias sobre los recursos del Atlántico Sur.
Mediante el Decreto 1205/2026, publicado el 19 de octubre, el Gobierno clasificó como secreto militar una adquisición cuyo equipamiento, costo, proveedor y destinatario permanecen reservados. La disposición fue firmada por Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y asigna su ejecución administrativa a una dependencia de esa cartera.
La medida coincide con nuevos enfrentamientos diplomáticos entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. Buenos Aires reclama la soberanía del archipiélago y cuestiona las actividades petroleras autorizadas por las autoridades británicas en aguas cuya jurisdicción permanece disputada.
Recientemente, Argentina anunció sanciones contra empresas petroleras, presentó denuncias penales e inició un procedimiento internacional relacionado con el proyecto de extracción Sea Lion. Reino Unido respondió mediante una protesta diplomática y reafirmó su posición sobre los derechos de los habitantes del archipiélago.
La legislación argentina permite clasificar determinadas adquisiciones como secreto militar cuando su divulgación pueda comprometer la seguridad nacional o las capacidades de defensa. Esta figura se fundamenta en las leyes de Defensa Nacional y Reestructuración de las Fuerzas Armadas, junto con el Decreto 9390/63.
Bajo esta clasificación, los organismos responsables quedan exceptuados de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones vinculadas con la contratación. Esto significa que los detalles de la operación permanecen restringidos, aunque la existencia del decreto y su fundamento legal sean públicos.
El Gobierno ya utilizó mecanismos similares para operaciones relacionadas con los aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca durante 2024. Sin embargo, el nuevo expediente administrativo no menciona esos cazas ni identifica a la Fuerza Aérea como destinataria de la adquisición.[img1]
Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, Argentina destinó aproximadamente 445 millones de dólares a armamento y equipamiento militar y de seguridad. Según un relevamiento de Infobae basado en registros de contrataciones y acuerdos bilaterales, unos 381 millones correspondieron específicamente a las Fuerzas Armadas.
Entre las operaciones más importantes figura la compra de 24 cazas F-16 a Dinamarca por 301,2 millones de dólares, acordada en abril de 2024. Doce aeronaves habían llegado hasta septiembre de 2026, mientras las restantes estaban previstas para incorporarse antes de diciembre de 2027.
También se acordó adquirir ocho vehículos blindados Stryker estadounidenses por 20 millones de dólares, con posibilidades de ampliar posteriormente la flota. A esto se suma un programa de hasta 20 helicópteros Black Hawk, con un presupuesto máximo de 140 millones de dólares.
La Armada incorporó cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion procedentes de Noruega, mediante una operación valorada en 60 millones de dólares. Otras adquisiciones incluyen seis helicópteros Bell 407GXi y 48 camiones Unimog destinados a reforzar las capacidades operativas y logísticas.
Por otra parte, el proyecto presupuestario de 2027 contempla autorizaciones de endeudamiento para adquirir tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión. Estas iniciativas todavía dependen de la aprobación legislativa y de las condiciones financieras que eventualmente se acuerden con los fabricantes.