Entre las medidas destacan los ajustes por inflación, la compatibilidad laboral de las pensiones y los plazos para saldar deudas con prestadores de servicios
La posibilidad de trabajar sin perder una pensión por discapacidad es uno de los puntos centrales del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de Argentina. Con 237 votos favorables, nueve negativos y cuatro abstenciones, la iniciativa obtuvo un amplio respaldo parlamentario y ahora deberá superar su tratamiento en el Senado.
Bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, el proyecto busca reemplazar el régimen de emergencia que vence a finales de 2026. Su principal diferencia consiste en establecer una protección de vigencia indefinida, sin necesidad de renovar periódicamente las medidas de asistencia.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Javier Milei y distintos bloques opositores mantiene buena parte de los beneficios existentes e incorpora garantías económicas y nuevos controles. Estas disposiciones buscan dar continuidad a las prestaciones y establecer reglas más estables para su financiación.
Uno de los principales beneficios contemplados es la continuidad de las pensiones no contributivas, destinadas a personas que cumplen determinados requisitos sin necesidad de haber realizado aportes jubilatorios. Estas prestaciones conservarán un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima y estarán sujetas a mecanismos de actualización para proteger su poder adquisitivo.
Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento oficial que acredita esta condición en Argentina, seguirá siendo una vía principal para acceder a las pensiones. También se mantendrá la posibilidad de recibir el beneficio mientras se desarrolla una actividad laboral formal o se permanece inscrito en determinados regímenes tributarios.
Para conservar la pensión, los ingresos de la persona beneficiaria no podrán superar el equivalente a dos salarios mínimos establecidos legalmente. Esta condición permite combinar la asistencia económica con una actividad laboral dentro de los límites previstos.[img1]
Respecto a la cobertura sanitaria, el proyecto garantiza el acceso al Programa Incluir Salud tanto para titulares de pensiones por discapacidad como para quienes reciben prestaciones por invalidez laboral. También mantiene un sistema de tarifas unificadas para servicios esenciales, incluidos tratamientos de rehabilitación, transporte especializado y otras prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El proyecto incorpora garantías presupuestarias para evitar que los recursos destinados al sistema pierdan valor frente a la inflación durante los próximos ejercicios fiscales. Asimismo, establece que las autoridades deberán publicar un calendario para cancelar las deudas pendientes con prestadores dentro de los 30 días posteriores a la sanción.
Los pagos correspondientes deberán completarse dentro de un plazo de 90 días, conforme a las condiciones previstas en la iniciativa. Esta disposición busca regularizar las obligaciones pendientes con quienes brindan servicios de atención y asistencia.
Por otra parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el intercambio de información con organismos públicos encargados de registros personales, seguridad social y administración tributaria. Cuando se detecten incumplimientos objetivos, las autoridades podrán suspender preventivamente determinadas prestaciones, aunque deberán garantizar notificaciones y procedimientos que permitan ejercer el derecho de defensa.
La propuesta también contempla mecanismos de rehabilitación provisional de beneficios, con el propósito de evitar que las revisiones administrativas produzcan interrupciones injustificadas. Aunque la aprobación reunió una mayoría parlamentaria significativa, el proyecto todavía no constituye una ley vigente y deberá recibir el respaldo del Senado argentino.