Entre las medidas autorizadas figura el despliegue de militares cuando la policía sea superada, una posibilidad que despierta preocupación por los derechos fundamentales
Combatir el crimen organizado mediante nuevas leyes sin someter cada una al Congreso será posible en Perú tras una controvertida votación parlamentaria. El Senado aprobó otorgar facultades legislativas extraordinarias a la presidenta Keiko Fujimori, en medio del aumento de homicidios y extorsiones que afecta al país.
La iniciativa recibió 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones durante la sesión del 21 de octubre de 2026. Aunque el proyecto ya había pasado por la Cámara de Diputados, los senadores incorporaron atribuciones adicionales que provocaron cuestionamientos de sectores opositores.
Gracias a esta decisión, Fujimori podrá aprobar decretos con rango de ley durante 90 días, siempre dentro de las materias autorizadas. Esto significa que Fujimori podrá establecer determinadas disposiciones legales sin necesitar una votación parlamentaria individual para cada una.
En el sistema peruano, la aprobación de leyes corresponde normalmente al Congreso, mientras que el Ejecutivo puede presentar iniciativas y aplicar las normas vigentes. La delegación legislativa constituye una excepción autorizada por el propio Parlamento, que establece tanto su duración como los asuntos sobre los cuales podrá legislarse.
Las nuevas facultades incluyen cambios en el control migratorio, la regulación del uso de armas y reformas al funcionamiento del sistema penitenciario. También se contempla la creación de un registro de organizaciones criminales que utilicen métodos asociados con el terrorismo o prácticas similares.
Estas organizaciones podrán ser investigadas mediante técnicas especiales, mientras las autoridades podrán impulsar acciones sobre sus bienes y procedimientos judiciales correspondientes. Sin embargo, recibir estas facultades no equivale a disponer de poderes ilimitados ni autoriza automáticamente cualquier medida ajena a las materias delegadas.
La propuesta original del Gobierno incluía 66 solicitudes, posteriormente reducidas a 20 por los diputados y ampliadas a 27 durante su revisión senatorial. Además de seguridad, la autorización comprende medidas relacionadas con el fenómeno climático El Niño, responsable de alteraciones en las temperaturas oceánicas y las precipitaciones.[img1]
Uno de los cambios más discutidos permitirá recurrir a las Fuerzas Armadas cuando la capacidad policial resulte insuficiente para enfrentar determinadas organizaciones criminales. Los militares también podrán asumir labores de vigilancia externa en prisiones de alta peligrosidad, donde las autoridades identifican actividades vinculadas con redes delictivas.
La ampliación de estas facultades generó advertencias sobre posibles violaciones de derechos fundamentales y el riesgo de que los militares asuman funciones policiales permanentes.
El debate ocurre mientras Perú, con aproximadamente 34 millones de habitantes, enfrenta una grave crisis de seguridad desde el final del conflicto armado interno. Los homicidios y las extorsiones figuran entre las principales preocupaciones que impulsaron la solicitud gubernamental de nuevas herramientas contra la delincuencia.
Pese a la aprobación senatorial, el proyecto todavía deberá ser remitido a la presidenta para completar el trámite de promulgación correspondiente. Una vez vigente, la autorización abrirá un periodo limitado para dictar nuevas normas, mientras continúa el debate sobre el alcance de la intervención militar.