Antiguos responsables del Banco Central habrían conocido la insolvencia desde 2025, pero no aplicaron medidas para impedir que siguieran captando depósitos
Una investigación por presuntas omisiones ante la insolvencia de Ueno Bank llevó a la entrega de Marco Aurelio González, antiguo integrante del Banco Central del Paraguay. Su presentación ante la Policía Nacional ocurrió el viernes 13 de noviembre, después de que las autoridades intentaran detenerlo durante un allanamiento en su vivienda.
González había integrado el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), donde también ejerció funciones de asesoría jurídica. Anteriormente ocupó el cargo de procurador general, una trayectoria que lo convirtió en una figura relevante dentro de las instituciones públicas paraguayas.
Acompañado por su abogado Arturo Daniel, acudió a la Dirección Contra el Crimen Organizado después de que las autoridades lo declararan brevemente prófugo. Su defensa explicó que atravesaba problemas de salud y decidió presentarse para evitar especulaciones sobre una posible fuga.
Según la hipótesis de la Fiscalía paraguaya, González y otros antiguos directivos habrían conocido la insolvencia de Ueno Bank desde diciembre de 2025. También habrían recibido información sobre presuntas irregularidades en créditos concedidos a empresas relacionadas con el grupo empresarial vinculado al banco.
Los investigadores sostienen que los funcionarios omitieron adoptar medidas correctivas pese a sus responsabilidades legales de supervisión financiera. Esa presunta inacción habría permitido que Ueno Bank continuara recibiendo depósitos del público mientras atravesaba graves problemas de solvencia.
Entre los investigados también figuran Liana Caballero, Miguel Ángel Mora, Carlos Carvallo y Holger Insfrán, quienes ocuparon altos cargos en el Banco Central. Los cinco quedaron detenidos en el contexto de una causa que examina posibles delitos de lesión de confianza.
También figura en la investigación el expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido mediante juicio político y posteriormente imputado por presuntos delitos financieros. Peña había mantenido una participación accionaria en el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank hasta marzo de 2025.
El Banco Central inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 3 de noviembre, después de detectar un deterioro significativo de su solvencia. La entidad administraba aproximadamente 2.800 millones de dólares en depósitos, incluidos recursos de particulares, empresas e instituciones públicas.[img1]
Hasta el 11 de noviembre, las autoridades habían devuelto parcialmente unos 643 millones de dólares a 1.812.348 depositantes. Aunque todos los beneficiarios de la garantía habían recibido al menos una parte de sus fondos, muchos todavía esperaban recuperar cantidades adicionales.
Una legislación de emergencia permitió anticipar pagos equivalentes a aproximadamente 19.000 dólares por depositante durante la primera etapa de devolución. El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta unos 37.000 dólares por persona y entidad, aunque existen exclusiones específicas.
Para completar los pagos, las autoridades prevén transferir activos y pasivos de Ueno Bank a otras instituciones financieras. Este procedimiento también busca recuperar recursos públicos, incluidos más de 500 millones de dólares correspondientes a fondos destinados a jubilaciones.
Entre los afectados figuran organismos estatales, empresas y personas con inversiones que no necesariamente cuentan con protección del sistema de garantía. Mientras continúa la investigación judicial, la recuperación de los depósitos sigue siendo una de las principales consecuencias económicas de la crisis.